M. B.
Manuel García Navarro, el ex presidente bajo cuyo segundo mandato se inició el concurso de acreedores de la UD Las Palmas, presentó el pasado 25 de agosto un requerimiento en el Juzgado de lo Mercantil para reclamar a la entidad futbolística 1,2 millones de euros. García, a través de su abogado Armando Betancort, pide al juez que valore que el concurso no puede tenerse por cumplido en tanto no se dé por satisfecho este crédito privilegiado. La UD Las Palmas, por su parte, argumenta que García Navarro ya condonó esta cantidad que procede del crédito salvador de 9,6 millones que firmaron ocho empresarios en julio de 2002. El abogado de la propia UD Las Palmas, Mario Ghosn, admite no obstante que esta condonación no está documentada pero "es de dominio público que, salvo Freire y Boluda, los demás empresarios, entre ellos el propio García Navarro, renunciaron a recuperar lo avalado en un gesto que el propio club le ha agradecido", en alusión al comunicado oficial de la entidad emitido el mes de febrero de 2008.
García Navarro nos manifestaba ayer que "estoy indignado. Este paso lo he tenido que dar porque llevo cinco años peleando para recuperar el dinero. En ningún momento he condonado esta deuda, ni está escrita esta supuesta condonación. Y quiero encontrar una solución para que me devuelvan esta cantidad". Asegura que "he dejado muchísimo dinero atrás, más de mil millones de pesetas, en mi paso por la Unión Deportiva Las Palmas. Mi enfado es por la mala gestión que percibo del club. Incluso me prometió el presidente que si Colunga marcaba los diez goles con el Recreativo, recibiría como parte del pago los 200.000 euros de la cláusula que había en el contrato de venta del jugador. Se quedó en nueve tantos porque la gente del Recreativo no es tonta".
El temor de García Navarro es que "si el juez cierra el concurso de acreedores no recuperaré el dinero que se ha quedado atrás".
Por otro lado, Ghosn también nos desvelaba que el empresario Manuel Freire había solicitado al Juzgado de lo Mercantil la ejecución de la prenda de su aval (580 butacas y 40 asientos de zona vip del Estadio de Gran Canaria) y que intuía que Vicente Boluda también procedería a hacer lo mismo. Además, La Caja de Canarias había presentado una demanda por "acción de regreso" al no haber podido cobrar un cheque de 280.000 euros del RC Celta de Vigo, pertenecientes al traspaso de Ángel López.