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M. R.
La Unión Deportiva Las Palmas tiene previsto firmar hoy un acuerdo con los empresarios Vicente Boluda y Manuel Freire para saldar la deuda de tres millones de euros que el club amarillo arrastra con los propietarios de las empresas Freiremar SA y Compañía Canarias de Remolque SA (Grupo Boluda).
El pleito entre ambas partes tiene su origen en un crédito firmado en julio de 2002 para salvar a la UD Deportiva, que atravesaba dificultades económicas tras descender de Primera a Segunda División. El préstamo lo firmaron junto a otros seis empresarios, los cuales renunciaron ante notario a reclamar la devolución del capital. No ocurrió lo mismo con Freire y Boluda, que presentaron una demanda contra el club de 2,4 millones de euros.
El Juzgado de lo Mercantil desestimó la reclamación en septiembre de 2008, pero los empresarios presentaron el recurso correspondiente ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. Sin embargo, las partes parecen haber llegado a un acuerdo, según confirmó ayer una fuente que ha participado en las negociaciones.
La entidad amarilla se ha comprometido a liquidar la deuda en un periodo de 20 años. En concretó pagará a cada uno de los dos empresarios 75.000 euros anuales. La deuda total asciende a tres millones de euros: 600.000 en concepto de intereses y 2,4 millones por los avales prestados en 2002. Las partes esperan rubricar el contrato en una notaría de la capital grancanaria a la una de la tarde de hoy.
La juez de primera instancia desestimó la demanda porque consideró que antes debían ejecutarse los bienes pignorados en la operación, esto es, los derechos de ejecución que los empresarios tienen sobre los palcos y los asientos vips del club.
En el préstamo se estableció una escritura de garantía con la pignoración en favor de los demandantes de los rendimientos derivados (en partes proporcionales) de 44 palcos y 580 localidades vip del Estadio de Gran Canaria, que explota la UD Las Palmas en sus encuentros oficiales de fútbol.
Con el paso del tiempo, seis de los empresarios firmantes desistieron en la reclamación del dinero, que se distribuyó con firmas por valor de 1,2 millones de euros a cada uno. Freire y Boluda se quedaron al margen, y más tarde conocieron a través de un auto del juez Juan José Cobo Plana, entonces instructor del concurso de la UD Las Palmas, que se ejecutaba la pignoración de la prenda del crédito con los palcos y asientos vip. Estaba pendiente de recurso.
El acuerdo supondrá la retirada del incidente concursal por parte de los empresarios, por lo que el proceso queda a expensas de otro incidente con el empresario Manuel García Navarro.
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