Registro Auxiliar del Gobierno de Canarias. Primera hora de ayer, 27 de febrero. La UD Las Palmas da entrada a un documento a la atención de Paulino Rivero, presidente del Ejecutivo regional. En el escrito, entregado con la firma de Patricio Viñayo -director general- por orden de Miguel Ángel Ramírez -máximo mandatario-, el club advierte al responsable de la administración pública que el incumplimiento del contrato de patrocinio, infracción que dejará a la entidad amarilla sin el ingreso de 601.000 euros correspondientes a un pago fijado para diciembre de 2011, sitúa a la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en riesgo de liquidación.
El aviso de la UD Las Palmas al Gobierno canario, emitido con carácter de urgencia, no es un farol. Ayer, por ejemplo, el club gestionado por Ramírez no pudo hacer frente al vencimiento de un préstamo concedido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por valor de 265.000 euros. Ese crédito contaba con la pignoración del contrato de patrocinio suscrito entre la entidad deportiva y la propia administración pública.
La situación, para la UD Las Palmas, es límite desde que el Ejecutivo regional, a través de Ricardo Fernández de la Puente -viceconsejero de Turismo- trasladó las nuevas condiciones del contrato por patrocinio que liga a ambas partes: el impago de la factura por 601.000 euros emitida en diciembre y que correspondía al ejercicio de 2011 y la reducción de la aportación pactada de 1,2 millones de euros para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 hasta 576.000 euros por curso.
Interés del CD Tenerife
En el documento que la UD Las Palmas dio entrada ayer en el Registro Auxiliar, el club de Pío XII reiteró la solicitud de entablar una reunión con Paulino Rivero, petición que ya había realizado hace varias semanas sin obtener una respuesta aún. Esa propuesta también cuenta con el apoyo del CD Tenerife, al que el Gobierno de Canarias también ha revisado los términos del contrato por patrocinio.
En la UD Las Palmas, que antes de que finalice febrero también debería hacer frente al pago de compromisos contraídos con Hacienda del Estado y con la Agencia Tributaria del Gobierno canario por valor de 520.000 euros, se estima que el contrato sirve como garantía frente a posibles demandas.
