El caso Armstrong promete traer cola y sus consecuencias también podrían acabar sintiéndose en Tenerife. Tal y como desveló el pasado martes la presidenta de la Agencia Estatal Antidopaje, Ana Muñoz, el informe de la Agencia Antidopaje de EEUU (Usada) ya ha sido trasladado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, confirmó a a La Opinión de Tenerife el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido García. "Efectivamente", explicó el fiscal, "la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife recibió a mediados de diciembre una comunicación de la Fiscalía General del Estado sobre el caso Armstrong.

Y como consecuencia de eso, se han abierto unas diligencias que se están investigando". De esta forma, se pretende determinar si las personas con residencia en Tenerife que se nombran en el informe de la Usada han incurrido en algún delito penal, para lo que serán llamadas a declarar conforme avance la investigación.

La admisión por parte del exciclista estadounidense Lance Armstrong del uso de sustancias dopantes durante su carrera podría crear al texano más quebraderos de cabeza legales, aunque la amenaza de ser encarcelado por perjurio ya ha prescrito, informó Europa Press.

Así, tras la confesión que se hacía pública la pasada madrugada por parte del americano en el programa de Oprah Winfrey, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que abandonó una investigación criminal sobre el de Austin hace dos años sin lograr cargos, podría decidir volver a intentarlo, aunque los expertos lo ven improbable.

"En uno lado están las consecuencias legales y la denuncia financiera, y en el otro las consecuencias de relaciones públicas", indicó al respecto Geoffrey Rapp, profesor de leyes de la Universidad de Toledo en el estado de Ohio.

Además, aunque otros deportistas que han sido procesados por sus conexiones con el dopaje, Armstrong parece estar a salvo de los cargos por perjurio o falso testimonio, según expertos legales.

El último testimonio bajo juramento grabado del texano en el que afirmaba no haber tomado sustancias dopantes data de un caso de arbitraje en 2005 sobre una disputa sobre si debería recibir bonus monetarios a la luz de las acusaciones de dopaje, pero el estatuto de limitación por perjurio ha expirado.