La firma del juez Alberto López Villarrubia, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, cerró ayer un proceso que se prolongó durante algo más de una década, justo diez años, un mes y 12 días.

Fue el 5 de noviembre de 2004 cuando Juan José Cobo Plana, por entonces magistrado titular del mismo Juzgado de lo Mercantil, declaró el concurso -con carácter necesario- de la Unión Deportiva tras las solicitudes presentadas en por Iñaki Urquijo -el 3 de noviembre- y del propio club -24 horas antes-.

Las Palmas fue pionera al acogerse a la Ley Concursal, un estatuto que se había aprobado dos meses antes y que sustituía la antigua figura de la suspensión de pagos. La entidad de Pío XII, entonces, se adentró en un mundo desconocido, que revolucionó el mundo del fútbol en España -con la presencia de un juez que ejerció el poder 'empresarial' de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD), tanto para decidir el criterio para destituir como entrenador a David Amaral, como para embargar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) si se oponía a tramitar una licencia-.

Entraron en escena figuras desconocidas en la gestión de un club deportivo, como los administradores concursales -tarea que recayó en el propio Iñaki Urquijo, Luis Cabrera o Bernardo Pinazo-. Y, entre los empresarios que Cobo Plana reunió para intentar salvar la nave, surgió la personalidad de Miguel Ángel Ramírez.

Vinculado al entorno de la UD Las Palmas a partir de su relación profesional con Ángel Luis Tadeo -expresidente del club y parte de Gerencia Deportiva, sociedad que controlaba la mayoría accionarial de la SAD-, Ramírez fue el elegido por Cobo Plana para liderar la refundación de un club que encontró, en la figura de Germán Suárez, una especia de imán para aglutinar voluntades y condonar buena parte de la deuda -en 2004 ascendía hasta los 72 millones de euros-.

El proceso concursal, una losa que ha marcado el día a día del club durante la última década -la entidad ha abonado ya 26 de los 39 millones de euros que debe liquidar para dejar el contador a cero-, ha estado salpicado por la presencia de personas dispuestas a dar un paso al frente para salvar a Las Palmas -364 acreedores- y por las reclamaciones económicas de unos pocos -más allá del convenio de acreedores- que mantuvieron a la UD al borde del jaque mate.