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El Granca incumple la normativa de contratación del Cabildo

La Auditoría de la corporación revela que la entidad hace oídos sordos desde hace años a la reglamentación

Miguelo Betancor, Antonio Morales y Ángel Víctor Torres, durante la presentación del nuevo presidente del Granca. LP / DLP

El CB Gran Canaria está incumpliendo de manera reiterada con la normativa de contratación pública. La entidad insular lleva varios años haciendo oídos sordos a la Auditoría de Cumplimiento del propio Cabildo, realizada por la Intervención General de la corporación. El club amarillo "no ostenta la condición de poder adjudicador", como recuerda dicha Auditoría, ya que es propiedad del Cabildo. Por ello, en la adjudicación de contratos se somete a unas reglas que no está siguiendo. "Esta Intervención viene poniendo de manifiesto en los informes de últimos ejercicios la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de contratación y, a pesar de la reiterada insistencia, el Club no ha aprobado las instrucciones internas de contratación y no posee perfil del contratante durante la temporada 2015-16", señala la última Auditoría, correspondiente a abril del 2017.

La entidad insular, tal y como define la Ley de Contratos del Sector Público, está sometida en la adjudicación de contratos a una serie de obligaciones. Debe ajustarse a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación; adjudicar la oferta económicamente más ventajosa y, por último, poner estas instrucciones a disposición de todos los interesados en participar en dichos procedimientos y publicarse en el perfil de contratante de la entidad. Numerosos acreedores han firmado contratos de patrocinio publicitario o convenios de colaboración por la realización de servicios y suministros relacionados con la actividad del club sin cumplir con estos requisitos. Entre ellos, cita la Auditoría, se encuentran contratos de servicios de vigilancia y seguridad, de campaña de abonados, de equipajes y tiendas, de agencia de viajes, de servicios de impresión o de pólizas de seguros.

El Granca, ahora presidido por Miguelo Betancor y con Oliver Armas, hombre de confianza de Ángel Víctor Torres, en la vicepresidencia, viene incumpliendo esta normativa desde hace varios años. Ya recibió una advertencia similar en la Auditoría anterior, en la que se examinó el último curso de Joaquín Costa como presidente y Lucas Bravo de Laguna en la vicepresencia y la consejería de Deportes del Cabildo. En aquel informe se consideró "especialmente grave este incumplimiento tras constatar que el club, a pesar de la insistencia de esta Intervención, no ha iniciado ningún trámite encaminado a finalizar con este incumplimiento".

La junta directiva entrante, con Betancor a la cabeza, presentó alegaciones a esa Auditoría, pero no ha hecho lo mismo con la actual [ambas se pueden ver en la web oficial del club]. La entidad contestó que sus servicios jurídicos y miembros del Consejo de Administración, que acababan de incorporarse, estaban trabajando "para activar la web del club, así como elevar a un próximo Consejo de Administración unas nuevas normas propias de contratación para el cumplimiento del Real Decreto". Mientras, tras la Auditoría de este 2017 la entidad proporcionó un borrador de instrucciones internas de contratación e insistió en que está trabajando en ellas, así como en el perfil del contratante. En este sentido también se pronuncia Miguelo Betancor a la pregunta de este periódico: "Estamos en ello", señala. Sin embargo, un año después de que la entidad justificara que había empezado a movilizarse, la Auditoría de este 2017 recalca sobre dichas instrucciones que "no se encuentra ninguna alusión al respecto en las actas del Consejo de Administración ni en las de la Fundación Canaria del Deporte".

Cabe recordar que el Granca tiene como propietario única, desde el año 2003, a la Fundación Canaria del Deporte, entidad dependiente del Instituto Insular de Deportes, que a su vez es un organismo autónomo del Cabildo.

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