La Audiencia Nacional ha extendido las investigaciones de la operación Soule, sobre las presuntas irregularidades de Ángel María Villar y otros directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a las obras de rehabilitación en dos campos de césped artificial de Santa María de Guía, el Octavio Estévez y el de La Atalaya. Esos trabajos fueron realizados en el año 2014 por la empresa madrileña Magein, adjudicataria también de contratos en instalaciones deportivas de Las Palmas de Gran Canaria y de San Bartolomé de Tirajana.
Al igual que en los ayuntamientos de la capital y del sur, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron el pasado miércoles a las oficinas municipales de Guía, con una orden del juez Santiago Pedraz, y pidieron los expedientes de esas dos obras, así como toda la información relacionada con la empresa Magein, según confirmó ayer el alcalde de la localidad, Pedro Rodríguez, quien aseguró que la Federación de Fútbol no participó "en ningún momento" en la remodelación de esos dos campos.
El alcalde explicó que la renovación del césped artificial en esos estadios se realizó con fondos del Cabildo de Gran Canaria, dentro del Plan de Cooperación con los Municipios. Las obras, apuntó Rodríguez, fueron propuestas por el Ayuntamiento de Guía por el desgaste que sufría el césped de esos campos de fútbol, construidos a principios de la década de 1990. El Cabildo transfirió el dinero al Consistorio y éste realizó la licitación. Ambos trabajos fueron adjudicados por concurso público a la empresa Magein, pues presentó la mejor oferta económica entre todas compañías que concurrieron al concurso.
Antonio Hernández Lobo, que ocupaba en el año 2014 la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo, también negó la participación de la Federación de Fútbol en esa adjudicación y precisó que el principal criterio para otorgar las obras del Plan de Cooperación es el precio que ofertan las distintas empresas.
En los otros campos investigados, los pertenecientes al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el Alfonso Silva de La Ballena y el de la Autoridad Portuaria, fueron adjudicados a través de convenios por la propia Federación de Fútbol y por la Fundación Puerto Las Palmas. El Ayuntamiento capitalino no licitó nada, sino que compensó el gasto de la Federación con la cesión de horas de entrenamiento a equipos de la selección nacional.
En San Bartolomé de Tirajana fue el Ayuntamiento el que adjudicó los contratos de los campos de El Tablero y la Ciudad Deportiva de Maspalomas, los a través de un convenio con la entidad que dirigía Ángel María Villar, enviado a prisión por el juez Pedraz.
El nexo de todas las acciones de la UCO en Gran Canaria es la presencia de la empresa Magein en todos los requerimientos de información a los ayuntamientos.
