El vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Padrón, salió ayer de la prisión de Soto del Real tras haber abonado la fianza de 300.000 euros que le impuso el juez del caso Soule, Santiago Pedraz, con dinero prestado por el exseleccionador nacional Javier Clemente, según confirmó el propio Padrón en la puerta del centro penitenciario. En su conversación con los medios, que duró más de una hora, Padrón aseguró que sufrió "torturas" y llegó a pensar "en el suicidio".

"[Clemente] Tardó cinco minutos en depositar el dinero, y por eso estoy aquí", explicó a los medios que le esperaban a la salida de Soto del Real, donde defendió su labor "sin parangón" en la Federación y calificó de "desequilibrado mental" al expresidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, al que atribuye su ingreso en prisión.

En palabras de Padrón, tanto él como el presidente de la RFEF, Angel María Villar, y el hijo de éste, Gorka, los tres imputados en la operación que investiga Pedraz en el organismo deportivo por presunto desvío de fondos, ingresaron en la cárcel por el "gran montaje de un desequilibrado mental", en alusión a Cardenal.

"Los votos no se compran, se ganan, y tendríamos que tener muchísimo dinero para haber comprado todo lo que se ha dicho, el fútbol español no es tonto", defendió el vicepresidente de la RFEF, denunciando además "torturas" tras su detención, el pasado 18 de julio, realizada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y durante los tres días que tardó en ingresar en Soto del Real.

"Se producen torturas en mi caso, porque hay muchas clases de tortura. Los tres primeros días desde que me sacaron de mi casa hasta que llegué aquí no se los deseo a nadie", aseguró Padrón. "Me preguntaron si había pensado en el suicio, porque estaba reciente lo de Blesa, y dije que sí", añadió.

Padrón abandonó la prisión un día después que Angel María Villar y su hijo Gorka, que este martes abonaron la fianza. El pasado lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 suavizó las medidas cautelares e impuso fianzas de 300.000 euros para Angel María Villar y Juan Padrón, y 150.000 para Gorka Villar.

En el auto de libertad provisional, el juez instructor entiende que estas tres personas "difícilmente" pueden ya "obstaculizar la instrucción de la causa", ya que la documentación no puede ser "alterada", ni pueden "influir" en los testigos y en el resto de investigados a los que ya se ha tomado declaración.

Asimismo, el magistrado considera que no existe riesgo de fuga al acordar las fianzas y otras medidas de control, ni de ocultar bienes y patrimonio gracias a que sus cuentas están bloqueadas y embargadas.

No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 cree que sí siguen existiendo motivos para considerarles responsables de haber cometido presuntamente los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Así pues, Pedraz obliga a estos tres investigados a comparecer semanalmente ante el juzgado a la retirada de sus pasaportes, además de a facilitar un teléfono móvil donde puedan ser localizados en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.

El juez instructor considera que existen indicios de que Angel María Villar creó un entramado, al menos desde 2009, para la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos para garantizar su permanencia al frente del puesto que ostentaba desde el año 1988.

Según el magistrado, se estableció una red de "clientelismo" tanto para la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros. Además, cree que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros". Respecto al papel de Gorka Villar en la trama, Pedraz apunta a tratos de favor por parte de su padre a través de la sociedad que administra, Sport Advisers S.L. Y en cuanto Padrón, opina que medió para favorecer que sociedades cercanas a la red continuaran como proveedoras de material deportivo a las que se les pagó de más y con las que se ocultaron las comisiones presuntamente cobradas.