Municipios multiétnicos

RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La polémica surgida por las pegas de ayuntamientos como Vic y Torrejón de Ardoz al empadronamiento de inmigrantes irregulares no ha llegado a las corporaciones locales canarias. Salvo casos aislados, algunos de ellos causados por el desconocimiento y las dudas de los propios ayuntamientos, las incidencias sufridas por los ciudadanos extranjeros que han querido inscribirse en alguno de los 88 municipios de las Islas han sido mínimas hasta ahora. Y no sólo lo dicen los alcaldes, sino también abogados especializados en temas de extranjería.
La población inmigrante supone alrededor del 12% del padrón municipal isleño y ha sido uno de los factores que explican el crecimiento poblacional del Archipiélago en la última década.

Hay municipios donde el empadronamiento de foráneos ha sido vertiginoso al albur sobre todo del crecimiento turístico, de tal forma que en algunos de ellos la población extranjera es casi la mitad del padrón municipal o tiene un peso muy importante que explica los incrementos demográficos habidos en los últimos años en islas como Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote.

El 30% de los habitantes de Fuerteventura son extranjeros y casi el 40% en Lanzarote. En Tenerife los foráneos empadronados superan con creces a los inscritos en Gran Canaria debido a la fuerte expansión de los municipios del sur, entre ellos Adeje y Arona, que suman entre los dos más de 50.000 inmigrantes. Ha sido precisamente en la zona sur de Tenerife donde en los últimos años se han producido algunos problemas y denuncias de inmigrantes que han querido empadronarse y los consistorios les han solicitado documentación que no está recogida en la actual normativa del padrón o han puesto pegas por no tener permiso de trabajo o de residencia, asuntos que no son competencia municipal. La abogada de CEAR en Canarias, Kimi Aoki, asegura que los incidentes han sido aislados y mínimos y explica lo sucedido en Tenerife por el desconocimiento que existía en esta isla hasta hace tres o cuatro años del fenómeno de la inmigración, situación en la que Gran Canaria le lleva ventaja. "Los propios ayuntamientos no tenían clara la normativa y la documentación necesaria para empadronar a un inmigrante pero una vez aclarados no ha existido mayor problema porque, además, está en la ley que su obligación es inscribir a los ciudadanos que lo soliciten si tienen un documento de identidad y un domicilio en el municipio", señala la asesora jurídica de CEAR.

EJEMPLOS. Un ayuntamiento como el de Adeje tiene prácticamente la misma población nacional que extranjera empadronada (20.909 frente a 20.093), mientras que Arona se ha convertido en el quinto municipio más habitado de Canarias gracias a la población foránea, que suma más de 32.000 personas de 75.903 habitantes, convirtiéndose también en el ayuntamiento del Archipiélago con más extranjeros empadronados. En Fuerteventura y Lanzarote municipios como La Oliva, Pájara, Tías o Yaiza tienen un padrón donde el peso de los extranjeros es tan importante como el de la población nacional para explicar su actual estructura demográfica. En Tías de 19.500 empadronados casi 9.000 son foráneos mientras que en Yaiza de casi 13.000 unos 5.600 no es población nacional.
Mientras en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura la población inmigrante se ha disparado en los últimos diez años, en Gran Canaria la tendencia ha sido la contraria, ya que tras el crecimiento inicial la situación actual es de mantenimiento e incluso ligera disminución. La capital, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía y Mogán son los municipios con un mayor empadronamiento de extranjeros. En Las Palmas de Gran Canaria hay casi 30.000 foráneos fichados.

ALCALDES. La polémica de las últimas semanas por la negativa inicial de algunos ayuntamientos a empadronar a inmigrantes sin papeles no se ha trasladado a Canarias, donde la inmensa mayoría de los consistorios cumple con la normativa e intentan que la integración de los inmigrantes con los nacionales sea lo mejor posible. Hay algunos alcaldes que cuestionan la idoneidad de que se pueda empadronar a cualquier persona que venga de fuera sin permiso de trabajo o residencia pero la mayoría se limitan a cumplir la norma aunque, eso sí, intentando controlar los fraudes, los matrimonios de conveniencia o los llamados pisos patera, es decir, el empadronamiento de numerosos inmigrantes en el mismo domicilio.

Municipios con larga tradición de población extranjera en sus territorios como Santa Lucía, Pájara o Tías no entienden el revuelo que se ha creado con la polémica protagonizada por Vic y Torrejón de Ardoz. El alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, cree necesario que los ayuntamientos conozcan la realidad que tienen y eso pasa por saber cuántos habitantes hay al margen de si tienen permisos de trabajo o se residencia, competencia del Estado. "Si el inmigrante quiere tener acceso a la sanidad, a la educación o los servicios sociales debe figurar en el padrón y el ayuntamiento intenta que se integre con normalidad en la vida del municipio pero lo que no es correcto es no empadronarse porque entonces es como si no existiera", asegura Matos.

En la Federación Canaria de Municipios (Fecam), entidad que reúne a los 88 ayuntamientos canarios, este tema ni siquiera se ha planteado ni debatido. Su vicepresidente, José Gumersindo García, asegura que los ayuntamientos isleños respetan la legalidad y sólo han existido dudas puntuales que se han resuelto y no se ha generado ninguna polémica.