Con pactos y sin prisas

BORJA VALCARCE - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA No hay acuerdo. Han pasado 16 años y nadie es capaz de dar una cifra concreta sobre la cantidad de veces que el Código Penal de 1995 ha sido modificado. Pueden ser 24, 25 o 26. Lo único que parece claro es que son casi una treintena y, dado el ritmo al que se parchea el texto legislativo, una media de un cambio cada seis meses, durante el gobierno de Mariano Rajoy se alcanzarán, con toda probabilidad, las 30 modificaciones.

Las primeras reformas ya han sido anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien en su también primera comparecencia ante el Congreso hizo públicas sus intenciones al presentar toda una batería de cambios en varios niveles: nuevos proyectos legislativos y reformas legislativas parciales. Algunas de ellas volverán a tocar el Código Penal, cuya última modificación data de finales de 2010.

Denominado como el código de la Democracia, dado que se hizo necesaria su aprobación tras la muerte de Franco y la llegada de la Constitución de 1978, aún tardaría casi veinte años en adaptarse el texto a la nueva situación del país. Con dos proyectos fallidos por en medio, fue aprobado el 23 de noviembre de 1995.

Pese a ser una legislación a la que se llegó bajo un enorme consenso, la alternancia en el poder de la derecha y la izquierda, la evolución de la sociedad y la aparición de nuevas formas criminales que debían legislarse, ha producido una constante modificación de su cuerpo que ha llevado a los diversos operadores jurídicos a pedir un poco de estabilidad para un código frecuentemente revisado y zarandeado.

Es algo en lo que han coincidido los magistrados, fiscales y abogados consultados tras el anuncio de Gallardón. "Las reformas en materias como la penal, deberían ser pocas, meditadas y consensuadas", afirma el fiscal delegado de Anticorrupción en Las Palmas, Luis del Río. Un deseo, sin embargo, que no impide que la presidenta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo Pablos, añada que los cambios en el entramado social han de tenerse en cuenta en los textos legislativos: "Estamos en una sociedad moderna que avanza a pasos agigantados y lógicamente las leyes siempre se quedan un poco más retrasadas".

Parejo se refiere a todos esos delitos "relacionados con internet o la informática que deben ser introducidos en el Código Penal por los partidos políticos que están en el poder". En este caso, el resto de operadores jurídicos consultados coinciden con ella en que para poder hacer frente a las nuevas realidades delictivas hay que actuar con "rapidez y en beneficio del interés general".

La celeridad por responder, sin embargo, no implica hacer las cosas sin meditarlas adecuadamente. Como destaca el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón, "prisas y legislación no es buena solución". En este sentido, explica que "legislar a golpe de actualidad, en general, no es adecuado porque la resolución de los problemas pasa por hacer un examen o un análisis meditado de los mismos, buscar dónde están los defectos y entonces plasmar las soluciones en una nueva realidad legislativa".

De hecho, las reformas anunciadas por Gallardón, todavía no son nada porque sólo "tenemos la declaración ministerial sobre una intención de modificar el Código Penal", afirma el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido.

En opinión del máximo representante de la Fiscalía en el Archipiélago, las políticos no hacen modificaciones persiguiendo fines personales: "Honestamente, creo que cuando un gobierno hace una proposición de ley que significa un cambio legislativo, lo hace pensando en el bien general y no por intereses particulares, ni siquiera partidistas".

Consecuencias
Las consecuencias de cambios tan seguidos en el tiempo, no sólo en el Código Penal sino en tantos otros cuerpos legislativos, afectan a los trabajadores del Derecho y a los propios ciudadanos. "No se puede estar cambiando toda la legislación innumerables veces. Es urgente que haya un pacto de estado para la Justicia porque con tanto trasiego a veces ni se sabe el código que hay que aplicar y tenemos que estudiarlo a cada momento", protesta el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa.
Los cambios constantes también desconciertan a los ciudadanos. "Para la sociedad, unas normas que duren poco tiempo, que tengan un periodo de vigencia corto, tampoco es positivo porque crean una cierta incertidumbre, una cierta inseguridad jurídica".

Pese a las críticas que todos vierten contra el "constante parcheo", sí reconocen que las reglas del juego democrático son esas y que los partidos políticos en el poder tienen plena legitimidad para cambiar las leyes que quieran gracias a las mayorías parlamentarias obtenidas.

En este sentido, se manifiesta y resume el fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo: "Es lícito y legítimo que quien está en el poder cambie las leyes a través del Parlamento las veces que desee, pero es curioso que el Código Penal del año 1995 se haya modificado casi en treinta ocasiones. Los operadores del Derecho exigimos que se deje un cierto tiempo el texto sin tanta modificación y, ciertamente, sin tanta casuística".

La solución está clara: consenso entre todas las fuerzas políticas porque si no "iremos a peor", sentencia Espinosa.