Tras la reunión del jueves en la Confederación Canaria de Empresarios entre Javier Sánchez-Simón y la junta directiva de la patronal, la brecha entre los empresarios que operan en el Puerto se ha agudizado aún más como consecuencia del abultado déficit de Sestiba, la tarifa máxima empresarial y los costes portuarios. Las empresas del sector pesquero como Freiremar o Anacef, los importadores y los tomateros, entre otros colectivos, exigen a la Autoridad Portuaria que les explique el origen del déficit de Sestiba y el motivo por el que todos los operadores y los consumidores tienen que pagar un agujero de 18 millones de euros por culpa de una dudosa gestión y por intentar premiar a unos tráficos sobre otros.
Fuentes empresariales señalaron a este periódico que estos operadores están dispuestos incluso a llegar a Bruselas para denunciar esta situación. El malestar de estos empresarios del Puerto se acrecienta porque cinco años después de que se creara la tarifa, esta tasa no sólo se mantiene sino que seguirá al menos seis años más para cubrir un déficit que ha aumentado.
Estas críticas tienen como destinatarios no sólo a la Autoridad Portuaria, sino también a las empresas estibadoras del Puerto que forman parte de Sestiba y aquellos operadores como Opcsa y La Luz Market, que son los principales beneficiados de la reducción de costes que supone el transbordo internacional y la pesca pelágica.
Por otro lado, ayer se supo que el juez ha decidido archivar la querella presentada por Sestiba contra el ex gerente José Olivares y el ex presidente del Puerto, José Manuel Arnáiz, por un presunto delito de falsedad documental. Los servicios jurídicos de Sestiba han anunciado que recurrirán esta decisión.
