El parón inmobiliario que protagoniza Canarias tendrá un efecto perverso sobre las arcas públicas. Los ingresos derivados de los dos tributos cedidos más expuestos al brusco aterrizaje de la construcción, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos, junto a los impuestos indirectos (IGIC), supondrá una factura de 500 millones de euros para las arcas regionales. Una cantidad que el Gobierno dejará de ingresar "en la peor de las crisis previstas", aseguró ayer José Manuel Soria, consejero de Economía, quien inauguró un foro de encuentro sobre construcción coordinado por Satocan y Mapfre.

Soria, que aseguró ayer que la situación crítica que vive el sector del ladrillo obligará a modificar el escenario presupuestario, instó a los constructores, a la banca y a las administraciones, a "aprender de los errores y aprovechar los problemas para sacar nuevas oportunidades". El también vicepresidente del Gobierno de Canarias subrayó la "gran importancia que ha tenido, que tiene, y que tendrá el sector de la construcción en el desarrollo de la economía de Canarias", que representa hasta el 14% del PIB.

BUROCRACIA. Por su parte, los constructores canarios lanzaron ayer un mensaje rotundo a las administraciones al pedir "que no legislen más. No queremos más leyes, sino que se suprima la actual maraña normativa", destacó Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan. El empresario, que estuvo acompañado por el vicepresidente de la CEOE, Juan Lazcano, reclamó "medidas urgentes que impriman velocidad a los planes urbanísticos de los municipios canarios para que pueda subsistir la actividad y vencer la crisis".

El directivo de Satocan, además, pidió al Gobierno autónomo que desactive cuanto antes la suspensión de los planeamientos urbanísticos de todos los municipios, que en su gran mayoría se hallan suspendidos. Sanjuán lamentó la "maraña" normativa a la que enfrentan las empresas y las instituciones públicas, y que tiene paralizada la actividad constructora. Desde Satocan se reclaman acciones inmediatas del Ejecutivo y dar salida a una situación en la que la inseguridad jurídica se ha instalado. El sector reclama también la posibilidad de aplicar con "flexibilidad" la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) a cualquier proyecto de rehabilitación de inmuebles y en infraestructuras.