Soria: ´Las dos cajas canarias o se fusionan o se unen con otras foráneas´

JESÚS MONTESDEOCA El Gobierno de Canarias cree que las dos cajas de ahorros del Archipiélago tendrán que fusionarse en el futuro, entre ellas o con otras entidades, para adaptarse al mapa financiero que quiere establecer el Ejecutivo central, según explicó ayer el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, quien afirmó que "es evidente que en toda España van a quedar muy pocas cajas y las canarias lógicamente tendrán que adoptar sus propias decisiones respecto a cuáles son los grupos de cajas con los que se sienten mejor para el negocio financiero".

Soria precisó que el Ejecutivo autónomo no interferirá en ese "muy probable" proceso de fusiones bancarias, pues entiende que "es algo que compete" a los consejos de administración de la Caja Insular de Ahorros (La Caja de Canarias) y la Caja General de Ahorros (Cajacanarias). "De momento", apuntó el consejero, el Gobierno regional no tiene "ninguna intención" de intervenir.

"Las cajas canarias", añadió Soria, "están en una posición media relativa que no está mal, yo diría que incluso están bien si se compara con otras cajas de las cuales se van conociendo datos; lo que es evidente es que las dos cajas sumadas tienen en total poco más de 21.000 millones de euros de recursos, con lo cual son entidades dentro del conjunto nacional que no están entre las primeras, ni mucho menos".

El Gobierno central aprobará el próximo viernes el llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que podrán acogerse todas las entidades. A cambio, el Ejecutivo les va a recomendar o a exigir -ahí existen dudas- un plan de saneamiento que incluye fusiones entre las cajas, con el objetivo de que sólo quede una por Comunidad Autónoma.

Las dos cajas de las Islas, según han expresado sus directivos, son reacias a una fusión entre ambas, por lo que prefieren mantener sus alianzas estratégicas con otras entidades de la Península. La posible unión entre La Caja y Cajacanarias ha estado en la agenda de los gobiernos autónomos en los últimos veinte años, pero nunca han podido superar las reticencias de sus respectivos órganos de dirección.