Detrás de la decisión de la Autoridad Portuaria de "entorpecer" la actividad de Vivatell se mueven "extraños intereses", según Alberto Larriba. Cuando se convocó el concurso público para el desguace de los barcos sólo se presentó Vivatell. Sin embargo, desde que otras potentes empresas vieron el potencial negocio, empezaron las negativas de la Autoridad Portuaria a conceder la autorización definitiva y a reducir el número de barcos para desmontar. Larriba asegura que hay un grupo o lobby en el puerto grancanario que "quiere controlar todo el negocio que se genera en él, por lo que cuando viene una empresa con una idea nueva intentan aburrirle para que se marche.
Vivatell tuvo el aval de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues fue realizado con la colaboración del profesor e ingeniero superior Blas Galván. Hasta entonces, el negocio del reciclaje era poco conocido y no interesaba a nadie, relata Larriba. "Cuando vieron que una empresa ajena podía hacer negocio con el desguace de los barcos ya no me dejaron mover", señaló el empresario, quien precisó que ha aguantado todos estos años por el convencimiento de que los tribunales acabarían dándole la razón, como así ha sido. Ahora estudia, además de retomar la actividad, pedir una indemnización. J.M.N.