El Supremo avala el desguace de barcos

J. MONTESDEOCA
La empresa Vivatell SL, dedicada al desguace de los barcos que están abandonados en el Puerto de la Luz y Las Palmas de Gran Canaria, ha ganado el pleito que emprendió en 2004 contra la Autoridad Portuaria y podrá reiniciar su actividad.

Una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado validez a una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligaba a la dirección del Puerto a otorgar la licencia administrativa definitiva que solicitó la empresa Vivatell en el año 2002 y que fue denegada el 30 de junio de 2004, cuando la Autoridad Portuaria estaba dirigida por José Manuel Arnáiz.

Javier Sánchez-Simón, actual presidente de ese organismo, señaló que el Puerto ya está ejecutando la sentencia y ha emprendido ahora el procedimiento para restituir los derechos de la empresa, que según su propietario, Alberto Larriba, lleva más de tres años sin desguazar los barcos que están abandonados en el recinto portuario, por lo que entiende que también tiene derecho ahora a una reclamación económica por los perjuicios causados. Según Larriba, tanto Arnáiz como Sánchez-Simón han preferido vender esos barcos a empresas extranjeras de desguace o hundirlos en alta mar, lo que fue confirmado por Sánchez-Simón, quien el pasado viernes firmó la venta de una quincena de buques.

El presidente de la Autoridad Portuaria explicó que el destino de esas naves es la reparación o el desguace. Al respecto, precisó que los barcos de tamaño medio se desguazan en Turquía y los grandes en Pakistán, donde el precio de la chatarra se paga mucho más alto.

Sánchez-Simón resaltó que Vivatell puede seguir desguazando a partir de ahora los barcos que le son asignados, pero "no puede tener la exclusividad" de todos los que están fondeados en La Luz, pues lo impide la ley".

Además, la Autoridad Portuaria tiene muchas dificultades para hacerse con la propiedad de esas naves, pues en su mayoría están sometidas a procesos judiciales. La Autoridad Portuaria de Las Palmas se dirigirá ahora a Vitatell para que su autorización temporal pase a definitiva y presente los planes de inversión y la reasignación de las parcelas donde realiza su actividad.

Sánchez-Simón reconoció que en la etapa de Arnáiz se tomaron algunas decisiones conflictivas, que no respetaban las necesarias garantías jurídicas.

Por su parte, el propietario de Vivatell aseguró no tener "ni idea" de lo que está haciendo la Autoridad Portuaria para cumplir la sentencia, para lo que tiene un plazo de tres meses.

Por tanto, espera que en septiembre le den una respuesta. Larriba detalló que cuando su empresa acudió al concurso para la adjudicación del desguace había unos 80 barcos abandonados, "más que en ningún otro puerto del mundo". De esos 80 buques, la empresa Vivatell desguazó varios a principios de la década, pero ni Arnáiz ni Sánchez-Simón le han vuelto a dar los barcos, prefiriendo venderlos fuera o hundirlos, pese a que Puertos del Estado recomienda el desguace por motivos económicos y medioambientales.

En ese tiempo el Puerto ha seguido cobrando a Vivatell unas elevadas tasas por la parcela que ocupa en el Muelle Reina Sofía, señala Javier Larriba, que asegura que la actuación de Arnáiz y de Sánchez-Simón no sólo han perjudicado a la empresa, sino a la propia Autoridad Portuaria.