Nuevo motivo de conflicto en el reparto de la energía eólica

JESÚS MONTESDEOCA
El Cabildo de Gran Canaria y varios ayuntamientos de esta isla se sienten perjudicados en el concurso de la energía eólica y ayer denunciaron que el Gobierno autónomo adjudicó potencia al Cabildo de Tenerife, gobernado por CC y el PP, y excluyó todos los proyectos presentados por las empresas públicas de Gran Canaria o Lanzarote, donde gobiernan los socialistas o Nueva Canarias.


El Cabildo de Tenerife, a través de su Instituto Tecnológico de Energía Renovable (ITER), obtuvo 18,4 megavatios en el complejo medioambiental de Arico, mientras que los cuatro proyectos promovidos por la corporación grancanaria han quedado fuera.


Los ayuntamientos de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio ya han decidido recurrir en la vía administrativa y no descartan hacerlo también en los tribunales, al entender que la Consejería de Empleo, Industria y Comercio también ha favorecido a determinadas empresas privadas en detrimento de las públicas, pues cuanto hubo empate en las puntuaciones entre unas y otras "se inventaron nuevos criterios para dejar fuera a los proyectos municipales", según anunció ayer el alcalde de Agüimes, Antonio Morales.


Por su parte, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), dependiente del Cabildo, también está analizando el expediente con la intención de recurrir las adjudicaciones, informó Román Rodríguez, máximo responsable de la Spegc y vicepresidente de la Corporación. Otro tanto está haciendo el Consejo Insular de Aguas, que junto al Ayuntamiento de Agüimes presentó proyectos para instalar dos parques eólicos en Arinaga.


Al margen de los aspectos técnicos del concurso eólico, tanto Morales como Rodríguez acusaron al Gobierno regional de poner en manos privadas unos recursos energéticos que "son de todos", caso del sol y del viento, cediendo los beneficios a empresas que en muchos casos ni siquiera están radicadas en las Islas.


Así, Morales dijo que "es increíble que una energía que pertenece a todos no pueda ser explotada y rentabilizada por los poderes públicos", como sí ocurre en otros países europeos y en comunidades autónomas como Navarra.