JESÚS MONTESDEOCA
Los directivos de la empresa Ucalsa se encuentran desde ayer en Gran Canaria para cerrar la compra de Vanyera 3, ya sólo pendiente de que el juez tome una decisión sobre la oferta vinculante ante la administración concursal, que incluye el pago de 5,4 millones de euros por la adquisición de Vanyera y un expediente de regulación de empleo que afecta a 24 de los 400 empleados.
Los propietarios de Unión Castellana de Alimentación S.A., la familia Ruiz Alonso, se reunieron ayer con los administradores concursales de Vanyera 3 y con directivos de Caja Rural y La Caja Insular de Ahorros para negociar los créditos pendientes con ambas entidades.
La operación está pendiente de la Resolución del Juzgado de Mercantil Nº 1 de Las Palmas, que ayer concedió un día de gracia para la presentación de alegaciones a la oferta de Ucalsa. Por tanto, hoy mismo podría haber una respuesta del juez a las partes implicadas en el intento de salvar a esta empresa de catering, la más importante de este sector en el Archipiélago.
El comité de empresa ha aceptado el despido de 24 trabajadores, siempre que la compraventa llegue a buen término y con la condición de que esas personas sean los primeros en ser contratados cuando se reflote la empresa.