MARIANO SANGINÉS
Estos días hemos conocido que el Consejero Delegado de una importante institución financiera española dimitía. Nada raro hasta que se conoció que cobraría por esta razón unos tres millones de euros año tras año hasta llegar a los 50 millones de euros.
Como es habitual, muchos políticos apuntaban al exceso de la cantidad y a la necesidad de regular estos importes o pensiones millonarias. Casi al mismo tiempo, conocíamos que un destacado piloto español de fórmula uno fichaba por otro equipo y ello le reportará en torno a 25 millones de euros por año, al margen de ingresos publicitarios.
No se ha notado que este importe origine ningún revuelo y eso como se dice en estos días "con la crisis que atravesamos". Ambos casos se corresponden con personas que pertenecen a la empresa privada y por tanto el asunto a priori debería preocupar a sus dueños o accionistas, si es que les preocupa, pues en principio son ellos los que han dado por buenas estas decisiones.
¿Es legítimo que una empresa que facture 100 quiera destinar 10 a quien estime que es partícipe de su éxito? Se puede equivocar, pero parece razonable. Otro debate sería si estas empresas recibieran ayudas públicas, que no es el caso, entonces estaríamos hablando de un mal uso de fondos públicos.
Estamos en pleno debate (en la pasada cumbre del G-20) sobre la regulación de los bonus o salarios variables en el sector financiero, es cierto que prometer el cielo o cifras astronómicas, puede llevar al ser humano al lado oscuro y cometer excesos como los vividos. En este sentido, una regulación financiera coordinada internacionalmente jugaría un papel fundamental a la hora de contener determinadas prácticas, además de ser menos fácil de evadir.
Hace unos pocos meses, un equipo de fútbol que viste camisa y pantalón blanco fichaba a una estrella por 90 millones de euros. Si supiéramos qué supone este coste de lo que es capaz de generar, podríamos definirlo como mucho o poco.