Sin colegiación obligatoria y sin visados obligatorios. Los arquitectos canarios y su colegio oficial (el COAC) se consideran de los más perjudicados de entre todos los profesionales por la liberalización de servicios dentro de la UE y por la inmediata aprobación de la ley (la llamada Ley Ómnibus) que en España traspondrá la Directiva comunitaria correspondiente.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), con 1.800 colegiados, dispone ahora mismo de unos ingresos estratégicos (los visados de obra) así como las cuotas. El colegio ingresa aproximadamente el 3 % de los honorarios de sus profesionales a la hora de visar sus proyectos. Este ingreso, "sobre el que se sustenta el colegio", según explica Virgilio Gutiérrez, decano de la institución, podría peligrar en caso de que la Ley Ómnibus definitivamente hiciera desaparecer las tasas por visados.

"Ahora mismo no sabemos cómo va a quedar el texto definitivo y todos son conjeturas", indica Gutiérrez. Gracias a la presión que han ejercido la Unión Profesional y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España se han presentado enmiendas al texto legislativo a través de grupos políticos en las Cortes para garantizar la obligatoriedad de colegiación de los arquitectos y el visado.

Los colegios profesionales son uno de los principales afectados. En Canarias, el COAC podría ser uno de los más perjudicados a la hora de ver recortadas drásticamente sus vías de ingresos. Hasta ahora, el visado -que emite el Colegio Profesional-, es el documento que garantiza que el arquitecto que firma el proyecto está habilitado y es competente y que el trabajo consta de la documentación requerida para su correcta tramitación, verificando la integridad documental y controlando su adecuación a las exigencias legales. La propuesta de la Comisión Europea podría acabar con este trámite y dejar en manos de los profesionales todo el peso de la responsabilidad de los proyectos que firman.

Además de los ingresos del 3 % por honorarios, el Colegio percibe una cuota fija de sus profesionales que ronda entre 25 euros al mes en Gran Canaria y 39 euros al mes en Tenerife.

Sin embargo, el COAC se encuentra en estos momentos en una posición muy delicada, después de que la crisis económica haya provocado una reducción en los ingresos por despacho por encima del 50 %. Si a los estragos de esta coyuntura se une la desaparición del visado y aumentan las exigencias que se deriven de la ley, la combinación podría ser muy peligrosa para mantenerse a flote.

La solución, según explica Virgilio Gutiérrez, estaría en la externalización de los servicios y, en el caso de que se mantuviera la obligatoriedad de colegiación en la profesión, en ajustar la cuota fija a los costes derivados de los servicios que debe prestar el colegio según las exigencias del texto legislativo.