Escollos contra la liberalización del comercio

JAVIER BOLAÑOS
El proyecto de Ley de Comercio de Canarias deja en manos de los planes territoriales de grandes equipamientos de los cabildos las nuevas zonas donde se podrán implantar centros comerciales. La nueva normativa, que debe ser discutida ahora en el Parlamento, tiene un carácter más liberalizador frente a la disposición vigente, pero fija hasta once criterios territoriales y medioambientales para otorgar nuevas licencias.

Los empresarios que pensaban que la adaptación en Canarias de la Directiva Europea de Servicios iba a crear un paraíso liberalizador para la implantación comercial están equivocados. Pero también aquellas organizaciones que ansiaban medidas proteccionistas verán cumplidos sus deseos.

La nueva Ley establece criterios insulares a la hora fijar la obligación de solicitar una licencia comercial. En el caso de los grandes establecimientos comerciales se establece una superficie útil de 2.500 metros cuadrados para Gran Canaria y Tenerife, 1.800 para Lanzarote, 1.500 en Fuerteventura y La Palma, y 750 metros en La Gomera y El Hierro. A su vez, las cadenas ya implantadas deberán seguir el mismo procedimiento cuando todos sus centros sumen en esa isla más de 7.500 metros cuadrados en las islas capitalinas, 5.400 en Lanzarote, 4.500 en Fuerteventura y La Palma, y 2.250 en el resto. Y, en cuando a los centros comerciales, las dimensiones son de 9.000 metros en Gran Canaria y Tenerife), 6.000 en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, y 3.000 metros en La Gomera y El Hierro.

El Gobierno deja en manos de los planes territoriales, que se espera estén listos en un año, las zonas aptas donde se podrán instalas nuevos centros comerciales.