RUBÉN REJA
A toda máquina y con paso firme. Éste es el ritmo que ha cogido la Caja Insular de Ahorro de Canarias (La Caja) en su operación de concentración junto a la Caja Inmaculada de Aragón (CAI) y Caja Rioja. La Caja, además, aspira a convertirse en el segundo accionista del grupo económico resultante. Esta pretensión responde "a la lógica y a la coherencia", explican fuentes de La Caja, que entienden que "la repartición de poder debe ir en consonancia con el volumen de negocio y el tamaño de las cajas". De hecho, y tomando en cuenta los balances financieros de las tres unidades, la CAI debería mantener el mayor peso del grupo económico, ya que dispone de un volumen de negocio de 10.403 millones de euros, seguido de La Caja que tiene más de 9.347 millones de euros.
No obstante, los órganos de gobierno de las tres entidades han acelerado sus negociaciones para ultimar el protocolo de actuación y los estatutos del Sistema Institucional de Protección (SIP) común, que es la herramienta elegida para materializar la concentración. Una vía que permite la creación de una plataforma financiera que integrará sus políticas de riesgo y gestión financiera. Además, las conversaciones con el Banco de España se han intensificado en los últimos días con el objeto de avalar este proceso financiero.
Además, desde La Caja explican que el SIP supone la creación de un grupo económico conjunto con la participación exclusiva de las tres Cajas, en el que se integrarían las políticas de riesgo, de gestión financiera y de tesorería, consolidando sus estados contables, "pero que todo ello habrá que plasmarlo en un documento en el que todavía estamos trabajando y que es confidencial".