NATALIA VAQUERO
Las administraciones públicas deberían de articular medidas específicas para proteger a las familias que debido a la crisis no pueden pagar sus hipotecas. Este consejo fue hecho ayer por la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción, María de la Salud Gil, quien expuso la posibilidad de que se decreten suspensiones temporales en el pago de las letras a los propietarios de viviendas que, por ejemplo, se hayan quedado sin empleo.
"Hay que buscar medidas gubernamentales para no dejar a estas personas en la calle y para protegerlas además frente a la Banca", insistió la presidenta de los constructores de Las Palmas, quien precisó además que la bolsa de pisos que se está generando por culpa de los embargos hipotecarios no beneficia a nadie: "ni a los que pierden la casas, ni a los constructores, ni a las entidades bancarias", incapaces de absorber más stock inmobiliario, remarcó Gil, al tiempo que recordaba además que el incremento de estas ejecuciones hipotecarias "tampoco se ha traducido en un abaratamiento" de los pisos. "El precio de la vivienda ha caído un 9 por ciento, tal y como nosotros decíamos, y no un 40 por ciento", señaló.
La propuesta de la presidenta de los constructores de Las Palmas se suma a la lanzada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que reclama medidas para evitar que se continúen embargando viviendas. Este colectivo pide que se paralicen, sobre todo, los promovidos por entidades financieras que se han beneficiado de las subastas para la compra de activos bancarios por el Estado.
En 2008, cuando comenzó la recesión económica, fueron 3.216 las personas que se quedaron sin sus viviendas por impagos de sus hipotecas, 1.780 más que en 2007, cuando los juzgados comenzaron a notar un "preocupante" aumento de estas operaciones.
