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JAVIER BOLAÑOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El aumento del paro obliga al Estado a 'rascarse' el bolsillo. El gasto por las prestaciones por desempleo supuso un desembolso de 133,7 millones de euros en Canarias durante el último mes, después de dispararse las prestaciones más de un 86% en los últimos dos años. Canarias tenía registrados hace dos años en sus oficinas del Servicio Canario de Empleo a un total de 137.259 parados. Dos años después esta cifra se ha elevado casi un 81% lo que, en términos reales, significa que 248.108 personas están inscritas en las listas de desempleados en la actualidad.
La falta de trabajo supone un drama social y económico para las familias, pero también genera un disgusto en la caja común. Las arcas públicas se ven obligadas cada vez más a hundir la mano en el bolsillo para poder sufragar las prestaciones obligatorias que deben recibir aquellos profesionales que han cotizado y que la crisis les ha dejado inactivos.
El Ministerio de Trabajo gastó el último mes en prestaciones por desempleo casi 133,72 millones de euros en Canarias. Si echamos la mirada atrás y nos remontamos al año 2007 se observa que esta cantidad se incrementó en 61,87 millones de euros, es decir, un 86% más. Esta evolución es consecuencia también de que el número de beneficiarios ha crecido de una forma notable, hasta cubrir en la actualidad a 163.021 trabajadores inactivos. En términos comparativos, esto significa el doble en dos años.
El Ministerio de Trabajo constata, si se desglosa el gasto en Canarias, que la prestación contributiva supera los 97,4 millones de euros, los subsidios por desempleo están por encima de los 31,68 millones de euros y los 4,6 millones restantes procedente de la renta activa de inserción. Por provincias, el gasto por desempleo supuso en el último mes un desembolso de casi 87,2 millones, por los 75,82 millones de Santa Cruz de Tenerife.
En este caso, se da la circunstancia que la provincia occidental tiene la cuantía media más baja de todo el país. Mientras tanto, Las Palmas ocupa el octavo lugar en la misma clasificación comparativa por provincias, según los baremos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo.
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