Los constructores denuncian que se adjudican obras públicas con bajas ´temerarias´

ALEJANDRO ZABALETA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), acusó ayer a las administraciones públicas canarias de aprovechar la crisis para adjudicar obras públicas con una media de bajas presupuestarias que se sitúa entre el 35 y el 48 %. Su asociación ha estudiado 200 adjudicaciones de diferentes trabajos correspondientes a los últimos dos años, constatando que en algún caso la propuesta ganadora presentaba una baja de hasta el 60 %. Todas las adjudicaciones estudiadas incluyen bajas de más del 15 %, cantidad que para la AECP incurre ya en la temeridad.

Salud Gil criticó con dureza el sistema de licitaciones en el que se han instalado las administraciones públicas en el último año, coincidiendo con la llegada de la crisis. Así, explicó que en los pliegos de condiciones se incluyen las bajas como el 50 % de la puntuación y se le da un 31 % a las mejoras, que a su juicio son "una baja encubierta y no un criterio objetivo". Esas condiciones llevan a los que optan a las adjudicaciones a rebajar sus propuestas económicas hasta límites que la AECP considera intolerables.

Además, explicó que estas prácticas están haciendo mella en un sector, el de la construcción y la promoción, ya especialmente tocado por la crisis. Citó como una de las principales consecuencias negativas el práctico desalojo de las pequeñas empresas de la licitación pública, pues no pueden aguantar el tren de rebajas impuesto por las mayores en sus propuestas. También aludió "al fraude desde las instituciones, el canibalismo, la economía sumergida y que las pymes sufran unos riesgos financieros brutales". Muchas empresas, explicó, resultan adjudicatarias en unas condiciones en las que perderán dinero, pero prefieren que el dinero circule a tener que echar el cierre a la empresa", dijo.

Así, la AECP ha contratado a un grupo de expertos con la idea de denunciar y recurrir las irregularidades que a partir de ahora adviertan en los pliegos de condiciones, solicitando además la suspensión cautelar de las obras que se han iniciado.

La presidenta de constructores no sabe a ciencia cierta en qué elementos de la obra repercuten estas bajas, aunque espera "que no sea en la seguridad de los trabajadores". Aseguró que también entran en este modus operandi las licitaciones del plan Feile, pero también desconoce qué hacen los ayuntamientos con el dinero que se ahorran, cuando viene del Estado como subvención finalista.