RUBÉN REJA
El consejo de administración de la Caja Insular de Ahorros de Canarias (La Caja) acatará el dictamen vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que desaconsejaba dar un préstamo solicitado por José Francisco Henríquez, consejero de la entidad, por importe de 180.000 euros. El consejo de La Caja, que se reunió ayer de forma extraordinaria, aprobó por mayoría no recurrir en alzada la decisión de Hacienda. Incluso el director general de La Caja, Juan Manuel García Falcón, aportó también un informe que recomendaba no respaldar la operación al consejero, afín al Partido Socialista. Una situación que contrasta frontalmente con lo acaecido hace tan solo dos semanas cuando el propio consejo de administración había votado a favor de recurrir la decisión tomada por la Consejería de Economía y Hacienda.
Además, de los trece consejeros que asistieron ayer a la reunión de urgencia del consejo de administración de La Caja, doce votaron en contra de otorgar el préstamo. Fuentes de la entidad explicaron que "no se trata de una decisión política sino que de una decisión tomada con los números en la mano". Estas mismas fuentes explican que tal y como recogen los estatutos de la entidad, todos los créditos que pidan consejeros de La Caja deben contar con el visto bueno de la Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por José Manuel Soria. "Los informes de Hacienda son claros y evidencian que las empresas de Henríquez no llegan a los rigores de solvencia que se exigen antes de otorgar un préstamo".
El propio consejero de la entidad, sin embargo, también decidió a última hora retirar su petición de préstamo y acudir a otra entidad bancaria de Canarias para solicitarlo. Cabe recordar que Henríquez fue candidato a presidir La Caja de Canarias en la última renovación de sus órganos directivos, pero finalmente fue elegido presidente Juan Manuel Suárez del Toro, quien, precisamente ayer no pudo asistir a la reunión del Consejo por estar de viaje en África. La candidatura de Henríquez, además, provocó una polémica política que transcendió el ámbito financiero de la entidad.
