Los jueces canarios tramitan unas 100.000 denuncias por deudas

JAVIER BOLAÑOS
Los juzgados canarios cerrarán el año con unas 100.000 denuncias por reclamaciones de impagos. La crisis acentúa la morosidad, sobre todo en el alquiler de viviendas y, de forma particular, de locales comerciales por el parón de las ventas. La nueva ley de desahucio exprés pretende agilizar la expulsión de los deudores, cuyos procesos se han incrementado un tercio en 2009.

Canarias tiene 94.000 viviendas en alquiler, según el Ministerio de la Vivienda, dentro de un parque inmobiliario superior al millón de casas. Apenas nueve de cada diez casas se encuentran arrendadas, lo que supone dos puntos menos que la media nacional. Y, sobre todo, muy lejos del 40 % de Europa.

Una de las razones por las que el alquiler es una fórmula poco extendida es el temor de muchos propietarios a poner en renta su bien por la morosidad y por las posibles dificultades para echar a quien incumple con los pagos y con el contrato de arrendamiento.

Las dificultades para acceder a una hipoteca por el cierre del grifo bancario llevó al Gobierno de España a aprobar el denominado desahucio exprés, con el que se pretende reducir los trámites judiciales y agilizar los procesos de expulsión de morosos. La nueva legislación, que entrará en vigor en mayo, debería servir para dar respuesta a los arrendadores.

La crisis propicia que se haya multiplicado la morosidad en el alquiler de locales comerciales. La bajada de los ingresos por el escaso consumo propicia que los empresarios hayan optado por dejar de pagar. Funcionarios judiciales consultados reconocen que se han multiplicado los expedientes de expulsión. Pero no sólo en familias modestas, sino también en viviendas de lujo. De ahí que se llegara a reforzar el servicio.

Juan Avello asegura que los casos de desahucio se están ejecutando en un plazo de cuatro meses desde que se presenta la denuncia. Aunque admite que, en ocasiones, la picaresca de los inquilinos hace que se alarguen en el tiempo. Por eso espera que la nueva normativa pueda evitar estos casos y se acorten los procesos de desalojo, además de estimular el alquiler.

El panorama económico propicia un fuerte crecimiento de las reclamaciones de cantidades, tanto por particulares como empresas, que no siempre concluyen en desahucios. Los juzgados canarios tramitarán este año casi 100.000 denuncias en demanda de cantidades tan dispares que pueden oscilar desde los 110 euros hasta 1,6 millones, por asuntos como compraventas, pagos con cheques sin fondos, mercancías y vicios en obras.