Canarias pone ´pegas´ a los hipermercados

LA PROVINCIA / DLP
Canarias figura entre las cinco comunidades autónomas que más impedimentos ponen a la instalación de nuevas grandes superficies comerciales, según un informe de 'la Caixa'. El Parlamento regional debatirá esta misma semana la nueva ley reguladora del comercio minorista en las Islas, que debería ser una adaptación de las indicaciones liberalizadoras de la llamada Directiva Bolkenstein de la Comisión Europea. A pesar del mandato de Bruselas, la nueva ley canaria mantendrá las restricciones comerciales apelando a argumentos medioambientales o a la presencia ya consolidada de las grandes superficies.

El Archipiélago figura, tras Asturias, Extremadura, Aragón y Cataluña, en quinto lugar en el ranking de autonomías remisas a la instalación de las grandes superficies de comercio. El informe es anterior incluso a la nueva regulación canaria, muy contestada desde las asociaciones de grandes empresas distribuidoras y desde las propias organizaciones de consumidores.

Algunas voces parlamentarias, incluso desde dentro del Pacto canario (caso del portavoz del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho) han advertido ya contra la ilegalidad de la ley canaria y han avisado de que puede acabar en los tribunales.

Sin embargo, la voluntad del Gobierno regional (CC-PP) es la de mantener vedada la instalación de nuevas grandes superficies.

El informe de 'la Caixa' recuerda que "una asignación ineficiente de recursos disponibles, resultante de una excesiva o incorrecta regulación, reduce el nivel de competencia, impide eficiencias asociadas (iii) y disuade la innovación". Y agrega que de eso se deriva "una menor productividad y mayores márgenes para las empresas ya establecidas, que se traduce en precios más elevados, en una pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales y, en última instancia, en un menor bienestar de consumidores y en menores ingresos" de las empresas que ven limitada su entrada en el mercado.

El informe lamenta de igual modo que las comunidades autónomas, competentes para regular en distribución comercial -independientemente de los criterios generales de la ley básica del Estado- apelen sistemáticamente a criterios medioambientales, urbanísticos o de conciliación familiar (de los trabajadores del sector comercial), para limitar la entrada de operadores en la distribución, lo que tiene "a favorecer un comercio de pequeño formato, más urbanos, en detrimento de las grandes superficies periféricas".