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LA PROVINCIA/DLP La Asamblea General de La Caja Insular de Ahorros de Canarias (La Caja) en sesión ordinaria celebrada en la tarde de ayer ratificó por mayoría absoluta su integración, a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), con la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI) y Caja Rioja. Un movimiento estratégico que dará lugar a la décima caja de España con un volumen de activos de 25.000 millones de euros. Una plataforma financiera con 552 oficinas y más de 3.000 empleos.
Con la preceptiva ratificación por parte de los consejeros generales de la entidad, La Caja de Canarias continuará avanzando en la constitución formal del SIP, mediante la creación, con vocación de duración indefinida, de un Establecimiento Financiero de Crédito que estará participado exclusivamente por las cajas de ahorros miembros del sistema, según señala una nota difundida por la entidad.
Este Establecimiento Financiero de Crédito será el órgano de gestión y dirección del sistema, siendo responsable de establecer las políticas y estrategias del SIP, de llevar a cabo el seguimiento de la solvencia y liquidez del conjunto del grupo, y de asumir funciones centralizadas tales como la gestión de riesgos y la dirección financiera del grupo, que será la décima caja de España con un volumen de activo
A través del Sistema Institucional de Protección, a diferencia de una fusión tradicional, La Caja de Canarias conservará intacta su personalidad jurídica independiente y sus órganos de gobierno, preservando su sede y territorialidad, así como su marca propia, la gestión de las relaciones con los clientes y la Obra Social. Consecuencia de ello, a través de este modelo la institución financiera fortalecerá su solvencia y liquidez, y mejorará la productividad y eficiencia a medio y largo plazo, sin renunciar a las ventajas competitivas inherentes a su ligazón social y arraigo territorial.
Entre los diferentes principios básicos en que La Caja de Canarias fundamenta la constitución del SIP destacan por su relevancia la participación en el Establecimiento Financiero de Crédito en función de las reservas y el volumen de activo de cada una de las entidades y la firme voluntad de las partes de garantizar durante todo el proceso los derechos de los trabajadores.
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