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CIRA MOROTE MEDINA
Tres de cada cuatro trabajadores de Canarias se verán afectados por el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, si finalmente prospera la medida que pretende aprobar el Gobierno de Zapatero. Aproximadamente el 77 % de los ocupados tendrán que trabajar dos años más que sus predecesores, si la reforma pasa el trámite parlamentario.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2009, recogida por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Canarias cuenta con un total de 798.240 personas ocupadas. Es decir, quienes están en la edad considerada para trabajar (entre los 16 y los 65 años) y tienen un empleo. De ellas, cerca de 618.000 han nacido desde el año 1960 en adelante, lo que las convierte en candidatas a no dejar sus puestos de trabajo hasta los 67 años.
Como esta norma prevé una implantación gradual, habrá un tramo de población ocupada, concretamente los que tienen ahora entre 51 y 61 años, que irán sumando dos meses por cada año trabajado. Es decir, los que tengan 51 años, nacidos en 1959, se jubilarán a los 65 años, más dos meses; los que tengan 52, lo harán a los 65, más cuatro meses, y así sucesivamente hasta llegar a los 61.
Quienes se librarán de cumplir con esta medida serán en torno a 181.160 empleados. Son personas que ya están trabajando y tienen más de 61 años. Éstos estarán jubilados a los 65 años. Eso quiere decir que los que tengan en su DNI la fecha de nacimiento de 1948 o antes podrán hacer sus planes de retiro como habían previsto hasta que Zapatero lanzó la propuesta en Davos.
La iniciativa del Gobierno, que comenzaría a aplicarse a partir de 2013, pretende adelantarse al envejecimiento de la población de cara a 2030, según palabras de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Hasta el año pasado, la estructura de la población en Canarias había permitido que se registrara un superávit con respecto a la caja de la Seguridad Social. Históricamente, el hecho de contar con una pirámide demográfica joven y productiva hacía que hubiese más cotizantes que pensionistas. Esta tendencia ha sido potenciada en la última década gracias a la llegada de inmigrantes, que han mantenido el porcentaje de cotizaciones en positivo.
Aún en 2008, las islas aportaron 1.030 millones más de lo obtenido en prestaciones, pero la crisis y el consiguiente desempleo podrían acabar con esta trayectoria, según los expertos. De hecho, la caída de la contratación de extranjeros fue casi el doble que a nivel estatal, lo que es un dato fundamental, ya que los inmigrantes han rejuvenecido la población española en los diez últimos años.
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