El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, reclamó ayer que el control aéreo de las Islas se ponga en manos de los militares si los controladores aéreos continúan con el "chantaje" de paralizar los aeropuertos en Semana Santa por el conflicto laboral que mantienen con AENA. Rivero exigió al Ministerio de Fomento que haga valer su autoridad y aplique por decreto las medidas necesarias para evitar que se repita el caos que vivieron los aérodromos canarios en la pasada Navidad.
De esta forma, el jefe del Ejecutivo propone que se sustituyan los controladores que hagan huelga encubierta por profesionales de países de la Unión Europea con la acreditación adecuada y que en Canarias también se disponga de los controladores militares. En el caso de que Fomento no aplique esta alternativa a la Península, Rivero pidió un "sistema especial" para Canarias si es necesario para garantizar la conectividad aérea tanto interinsular como con el exterior. "Es un clamor que el Estado debe actuar cuanto antes sin darle más vueltas, porque un Gobierno serio no puede tolerar el chantaje y la amenaza de un grupo de 2.400 personas que ponen en peligro la economía de Canarias", aseguró.
La patronal turística y la federación estatal de las agencias de viajes arremetieron también ayer contra los controladores y la amenaza de otro caos en los aeropuertos canarios para la Semana Santa, periodo vacacional en el que están previstos más de 10.000 vuelos y el desplazamiento de un millón y medio de pasajeros en el archipiélago.
El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) Fernando Fraile, consideró "gravísimo" el chantaje que "sistemáticamente" hace este colectivo en las fechas de mayor tráfico aéreo. "No puede ser que el pan de los canarios esté en manos de unos señoritos privilegiados y nos vengan a tocar las narices cada vez que les dé la gana", señaló Fraile, que, al respecto, instó a Madrid a tomar medidas para acabar con esta situación como hizo el presidente de EE UU Ronald Reagan, "que los mandó a la calle y militarizó el servicio de controladores".
PERJUICIOS. Por su parte, el presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes (FEAV), Rafael Gallego, tildó de "inmoral" que los controladores sigan utilizando la principal industria de Canarias como "herramienta de chantaje" y señaló que su "simple" amenaza "ya nos está perjudicando porque hace que los turoperadores busquen destinos más seguros para evitarse problemas con sus clientes". Gallego pidió al Estado que acabe de una vez con los "privilegios abusivos" de este colectivo, que controla hasta el acceso a este servicio. El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Román Rodríguez, además de mostrar su apoyo a Fomento, pidió a Madrid que tengan "muy presente" que las islas no pueden verse afectadas por el conflicto e indicó que los servicios mínimos deben garantizar su conectividad con el exterior.
Sobre la propuesta del Gobierno y empresarios canarios, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, recordó ayer en Madrid que la ley prevé la intervención de los controladores militares en "situaciones muy específicas y críticas". Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró ayer que una huelga de controladores en Canarias "no es que impida a uno sus vacaciones, es que machaca su trabajo, su vida o el estar con su familia". Los populares han pedido explicaciones a Fomento sobre los precios "muy por encima del PIB" que cobraban los controladores.
