´Confusión interesada´ en Anfi

VICENTE GUERRA
"No es el Cabildo de Gran Canaria el que da las concesiones para la instalación de puertos deportivos; es el Gobierno regional". El presidente de la corporación insular, José Miguel Pérez, mostró ayer su extrañeza por el contenido de la denuncia pública lanzada contra el Cabildo el pasado miércoles por el empresario Santiago Santana Cazorla, propietario del complejo turístico Anfi Tauro, quien amenazó con despedir a 800 de sus trabajadores en el caso de que no se apruebe su proyecto de casi medio millar de atraques en Anfi.

Santana Cazorla "debería saber" que el Cabildo sólo tiene la competencia -vía plan territorial- de señalar los lugares aptos para el desarrollo de este tipo de infraestructuras turísticas, y que corresponde al Ejecutivo autonómico, una vez aprobado el plan territorial, la concesión de tales puertos. "No tenemos capacidad para dar esas concesiones", alega Pérez.

Para el presidente insular, "la reacción del empresario [Santana Cazorla] sólo puede entenderse porque le hayan engañado en las instancias del Gobierno de Canarias", señala. Pérez recordó que la actual corporación, en desarrollo del PIO aprobado durante la etapa de José Manuel Soria al frente del Cabildo, ha aprobado ya una veintena de los 30 planes territoriales contemplados en el planeamiento insular.

"En dos años, este gobierno insular ha hecho lo que no se hizo en 14", dijo ayer Pérez, y recordó que el PTE 30 (plan insular de puertos deportivos) se encuentra ahora pendiente de redactar la memoria ambiental tras haber pasado ya la información pública inicial. Una vez que sea aprobado por la Cotmac -próximo paso- y sea de nuevo sometido a información pública quedará definitivamente aprobado. Pérez insiste en los plazos ya avanzados: "En siete u ocho meses estará aprobado".

Según el Cabildo, Santana Cazorla se ha dirigido ya al Ejecutivo solicitándole la concesión del futuro puerto deportivo de Anfi Tauro. A partir de esta petición, el Gobierno preguntó a la corporación grancanaria si era o no "compatible" esa concesión, en virtud del actual reparto de competencias y de los avances del PTE 30. El Cabildo respondió: "Es compatible", dando la señal de que contempla un puerto deportivo en Anfi.

Sin embargo, esta respuesta no acredita para iniciar la obra del puerto deportivo ni prejuzga a quién debe dar el Gobierno la concesión, que debe expresarse mediante una actuación expresa del Gobierno canario una vez que sea aprobado el plan territorial de manera definitiva.

En consecuencia, Pérez se pregunta dónde está el origen de la polémica y se responde: "Interpreto que este empresario ha podido ser víctima de la confusión interesada por parte del Gobierno de Canarias". Pérez, quien se reunió ayer con Santana Cazorla en una entrevista fijada previamente a la denuncia pública del empresario, afirma que "cuando [Santana Cazorla] pidió ver al presidente del Cabildo, se le concedió inmediatamente la entrevista. Ahora leo que dice llevar meses esperando por una reunión con el Gobierno de Canarias. Aquí no le ha sido tan difícil obtenerla".

El Cabildo advierte además de que el número de atraques total en Gran Canaria viene ya fijado en el PIO (5.400) y en esa cifra se incluyen los atraques ya existentes (3.200). "Votamos [los socialistas] en contra de fijar un número de atraques desde el PIO, pero Soria [entonces presidente insular] impuso su mayoría" y encorsetó ahora los nuevos muelles deportivos.