El Gobierno canario decidió el desmantelamiento de la central eléctrica de Jinámar en 2003 y esto ha provocado que el grupo Endesa no haya podido invertir en su ampliación en estos años. El tiempo de la central, que suministra el 40% de la energía que Endesa produce en Gran Canaria se agota, pero también sus equipos. En julio vence la vida útil de dos grupos de vapor de 40 megavatios cada uno, con lo que su aportación al sistema eléctrico de la Isla se verá reducida entre un 40 y 30%. Tras la tormenta Delta, que en 2005 puso en jaque el sistema eléctrico de Tenerife, Gobierno autónomo, Red Eléctrica y Endesa llegaron a la conclusión de que Gran Canaria y Tenerife necesitan contar con tres centrales, es decir una más que las que hay ahora en cada isla.

La Ley de Directrices de Ordenación General y Directrices del Turismo de 2003, en concreto en la directriz 36, deja claro el cierre de las centrales de Jinámar y Candelaria y señala que serán los planes territoriales especiales de los respectivos cabildos insulares los que marquen su final.

El Ejecutivo ha comprendido ahora que existe una contradicción entre el Plan Energético de Canarias (Pecan) de 2007 y la directriz 36 de la Ordenación General de Canarias, por lo que, para enmendar el error, CC y PP han presentado en el Parlamento una proposición de ley que desbloquee la inversión.

La central de Jinámar tiene una potencia instalada de 415,6 megavatios, que supone cerca del 40% de la potencia de generación convencional, no renovable, del sistema eléctrico de Gran Canaria. La otra central, la de Juan Grande, tiene una potencia instalada de 697 megavatios.

Para Endesa la disminución del peso específico de las instalaciones de Jinámar, y su posible desaparición supone "un alto riesgo" en tanto que se aleja el centro de producción del núcleo de mayor demanda que es el área capitalina (Las Palmas de Gran Canaria-Telde).

El consejero de Industria del Gobierno canario se ha mostrado convencido de que una vez que se quede sin efecto el apartado 8 de la directriz 36 de la Ordenación General de Canarias de 2003 se puedan llevar a cabo los planes de inversión previstos por Endesa y Red Eléctrica de España.