La Comisión Europea situó hoy a España en el grupo de países de la Unión Europea con mayores riesgos fiscales y macrofinancieros, junto con Grecia, Portugal, Rumanía, Irlanda y Reino Unido. El Ejecutivo comunitario pide a estos Estados miembros que aceleren la consolidación presupuestaria con medidas de recorte del gasto y evitando en la medida de lo posible subidas de impuestos que deterioren su competitividad.
En su informe anual sobre finanzas públicas hecho público hoy, el Ejecutivo comunitario clasifica a los países de la UE de acuerdo con su riesgo fiscal, es decir, los posibles problemas para refinanciar su deuda; y con su riesgo macrofinanciero, basado en indicadores como el déficit por cuenta corriente, el crédito al sector privado, la competitividad o el peso de la construcción.
España forma parte del grupo de países que combinan una gran vulnerabilidad tanto a nivel fiscal como, especialmente, a nivel macrofinanciero. Los Estados con problemas de competitividad "están sujetos a presiones inflacionistas, tipos de interés real relativamente altos y un bajo crecimiento nominal del PIB". Por ello, "la consolidación fiscal y la reducción de la deuda es particularmente exigente en este contexto", dice el informe.
En todo caso, la Comisión recomienda a estos países "que eviten medidas que deterioren todavía más su competitividad, como grandes aumentos de impuestos sobre la producción, los beneficios o el trabajo".
En el caso de España, el estudio destaca que en el periodo entre 1995 y 2007 la carga fiscal total en España aumentó del 32,75% al 37% del PIB. Gracias a la burbuja inmobiliaria y al aumento de la demanda interna, durante ese periodo aumentaron los ingresos debidos a los impuestos indirectos. Además, el fuerte crecimiento económico hizo crecer los beneficios empresariales, sobre todo los ligados al sector de la vivienda y a las operaciones financieras, y consecuentemente los ingresos del impuesto de sociedades.
Pero según el análisis del Ejecutivo comunitario, "el 75% del incremento de los ingresos fiscales entre 1995 y 2006 era de naturaleza temporal" y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha provocado "una reducción permanente de las elasticidades fiscales".
Por ello, la Comisión considera que España ha "sobreestimado sus ingresos estructurales" y no ha evaluado correctamente su posición fiscal. "La aplicación de recortes fiscales no financiados y el aumento de ingresos durante el periodo 1995-2007, especialmente aquellos más difíciles de revertir en malos momentos, parece no haber tenido en cuenta" el carácter transitorio del aumento de ingresos.
La política fiscal contribuyó a la burbuja
Bruselas denuncia además que "la política fiscal puede haber contribuido también a aumentar el endeudamiento de los hogares y a inflar la enorme burbuja inmobiliaria en España". "El tratamiento fiscal de la vivienda en España favoreció la compra de viviendas a expensas de otras inversiones alternativas", afirma el estudio.
Medidas como la deducción por compra constituyeron un "incentivo positivo" en detrimento del alquiler.
