El grupo financiero liderado por Caja Madrid al que está adscrita La Caja Insular de Ahorros de Canarias (La Caja) arrancó ayer de forma efectiva con la aprobación del Protocolo de Integración para la formación del nuevo Sistema Institucional de Protección (SIP) por parte de las siete entidades implicadas. La integración, que encabezan Caja Madrid y Bancaja, supondrá una reducción de un 13 % de la plantilla total del grupo resultante, que afectará a unos 3.400 empleados de casi 26.000, según explicaron a Efe fuentes cercanas a la operación. El recorte llegaría a afectar a unos 200 empleados en las Islas, según barajan fuentes sindicales. Este extremo lo desmiente la propia entidad, que señala que aún no se ha perfilado el recorte. Estos despidos, no obstante, se realizarían mediante prejubilaciones y bajas incentivadas "y de la forma más consensuada posible".

En el caso de La Caja Insular, existen hasta medio centenar de empleados por encima de los 53 años. A éstos se les unirían las contrataciones temporales o personal subcontratado, que serían los primeros afectados por la fusión fría.

La primera caja del país con un volumen de activos de 340.000 euros, que componen la dos grandes cajas de Madrid y Valencia, junto a La Caja, Caixa Laietana y las de Ávila, Segovia y Rioja, tiene previsto, además, reducir el número de sucursales en algo más de 500, lo que viene a ser el 12 % de su red total. Las mismas fuentes explicaron que parte del ajuste, tanto en el número de oficinas como en la plantilla, afectará principalmente a Caja Madrid y Bancaja, por las dimensiones de ambas entidades. De hecho, 2.175 oficinas corresponden a Caja Madrid y unas 1.130 a Bancaja, de las cerca de 5.000 sucursales que tienen en total las siete entidades repartidas por toda España y que en términos generales "apenas" se estorban. Este solapamiento, en el caso de Caja Madrid y Bancaja, en Canarias sí se daría, ya que entre las dos controlan 60 oficinas, que en algunos casos están en la misma zona de influencia.

De esta forma, desde el comité de empresa de La Caja, donde dan por sentado que "la entidad perderá su naturaleza jurídica", denuncian "la total desinformación que ha existido sobre la operación, en la que se ha apartado a la plantilla". No obstante, desde el propio comité sí aseguran que de los 4.465 millones de euros que la supercaja pedirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), más de 100 millones se corresponden con La Caja. Una ayuda pública "que servirá para pagar en parte los despidos que ya prepara la entidad", continúan desde el comité. Algo que tampoco confirman los responsables de La Caja. Asimismo, al respaldo de las siete cajas integradas en esta alianza financiera estratégica lo tendrá que seguir en breve la aprobación por parte de las asambleas de las mismas.