Canarias cuenta con cerca de 15.300 delegados sindicales en empresas públicas y privadas, de los cuales se calcula que unos 300 tienen dedicación exclusiva para estas funciones. Estos liberados acaparan unas 495.600 horas, con un coste económico bruto de casi ocho millones de euros al año en nóminas y cotizaciones sociales, sin contar la posible contratación de sustitutos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abrió la caja de los truenos esta semana con su anuncio de suprimir 1.930 liberados sindicales de la Administración autonómica, de los 3.350 existentes en estos momentos. Esta medida permitiría ahorrar 73,8 millones de euros anuales sólo por dejar de contratar personal interino para hacer su actividad laboral propia. ¿Cómo? Reduciendo las cesiones que los responsables políticos han aceptado en distintas negociaciones colectivas, vigilando el cumplimiento estricto de sus horas y con la supresión de la fragmentación de los centros de trabajo por consejerías, empresas o entes públicos, ya que en estos momentos hay hasta 280 comités de empresa.

Esperanza Aguirre recurrirá a la misma Ley aprobada para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y aplicable en momentos de grave situación económica española, que le permitió bajar el sueldo de los funcionarios.

La iniciativa abre una polémica sobre la organización de los representantes de los trabajadores, a menos de dos semanas para la huelga general.

Sin embargo, la relación se invierte cuando se habla de esos mismos sindicalistas que tienen dedicación exclusiva para ejercer esas tareas, y que están avaladas por la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Se estima que en las Islas hay unos 300 liberados, de los cuales unos 200 están integrados en los organismos públicos y unos 100 en las grandes empresas.

Para entender que haya más liberados en las instituciones públicas que en el ámbito privado hay que tener en cuenta la configuración del tejido empresarial en Canarias, en contraste con el número de delegados sindicales.

Casi el 90% de las empresas tienen menos de seis trabajadores en plantilla y, por contra, menos de un 1% más de 50, según el Informe Anual de la Economía Canaria de 2009 de la Confederación Canaria de Empresarios.

Teniendo en cuenta que el coste bruto de un trabajador en las Islas asciende a 2.201,82 euros al mes, según el INE, incluyendo el salario y los pagos sociales, se puede estimar que su ausencia en la actividad profesional diaria le puede suponer al empresario y a la Administración un coste de casi ocho millones de euros.

Los 300 liberados sindicales, en cualquier caso, no están sentados en su casa, sino que dedican al año a su ocasional tarea de luchas por el interés de sus compañeros unos 495.600 horas al año.