El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de servicios de atención al Cliente que, entre otras medidas, impedirá que éstos proporcionen ingresos adicionales a la empresa a costa del usuario o sea usado para ofrecer otros productos. El objetivo fundamental de la medida, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado procedimiento de urgencia, es paliar las deficiencias detectadas en la prestación de este tipo de servicios por parte de las grandes empresas y mejorar así la protección de los consumidores para garantizar sus derechos, según señala la referencia del Consejo de Ministros. Además persigue fijar un plazo máximo de un mes para que las empresas resuelvan las reclamaciones de sus clientes, y que la atención telefónica sea "gratuita, ágil y personalizada". La ley se considera "necesaria" frente al aumento de quejas de clientes y usuarios.
