Los gobiernos de las comunidades autónomas han sacado la tijera para, en el último trimestre del año, recortar de dónde sea para reducir sus abultados déficit y cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno. De la Comunitat Valenciana a Extremadura, de Galicia a Andalucía, todos los ejecutivos autonómicos, del color político que sean, han metido la tijera.
COMUNIDAD VALENCIANA
El presupuesto de la Comunitat Valenciana para este año tiene que adelgazar otros 400 millones, una cifra que se sacará de las empresas públicas y se suma a los 1.800 millones que se intentan sacar de un plan de ajuste. La Generalitat presidida por Alberto Fabra (PP) intentará conseguir el ahorro, dice, sin bajar sueldos ni recurrir a despidos -aunque no se descarte la privatización de empresas-. Los ajustes pasan por medidas como la supresión del 22% de los liberados sindicales, la reordenación de las plantillas del profesorado no universitario y diferentes soluciones aplicadas al ámbito sanitario. En este campo, por ejemplo, se prescindirá del personal de información existente en los centros y se promoverá el ahorro en el consumo de productos farmacéuticos. Además, según lo avanzado por el Gobierno valenciano, el año que viene no mejorarán las perspectivas, ya que se prevé que las cuentas públicas bajen un 10%.
MURCIA
Ramón Luis Valcárcel (PP) debe seguir cuadrando cuentas. De hecho, la comunidad de Murcia que preside es una de las que tendrá que tener más afiladas las tijeras: la reducción es del 18%. Para los ingresos, informa su Ejecutivo, confían en la venta de edificios públicos, la adjudicación de 1.500 puntos de amarre, el descenso del 80% de la partida para la televisión regional y la "reorganización de la sanidad".
BALEARES
José Ramón Bauzá (PP) calcula que sus presupuestos necesitan un ajuste de 115 millones de euros, aunque la deuda con los proveedores asciende al doble. Claro que conseguir ese dinero supondrá, al parecer, que 800 personas pierdan su puesto de trabajo. Son los empleados de 92 de las 168 empresas públicas que pretende cerrar. Asimismo los sindicatos estiman que la congelación de interinos en sanidad y educación puede implicar que 2.000 personas pierdan su empleo. No se cubrirán bajas ni vacaciones y las horas extra no se pagarán, sino que se disfrutarán en tiempo libre. Las ayudas económicas a sindicatos también pasarán a la historia, así como los liberados sindicales.
ANDALUCIA
El Ejecutivo que preside José Antonio Griñán (PSOE) tuvo que meter las tijeras ya el pasado mes de julio en las cuentas para ahorrar 752 millones de euros. Se intenta sacar ese dinero, según el Ejecutivo, de alquileres, supresión de horas extra, atenciones protocolarias y del gasto farmacéutico. En la comunidad andaluza el Gobierno presume de que no hay recortes en docentes, prestaciones a alumnos o apoyo a las familias, aunque el PP y los sindicatos critican que el número de profesores no creció en la medida en que debería. Del PP procede también la información de que Andalucía ha recortado 3.400 millones de euros en sanidad en cuatro años.
GALICIA
El Gobierno gallego se ha visto obligado a retocar de nuevo las cuentas de la comunidad para ahorrar 103,6 millones de euros en tres meses. La maniobra pasó por el recorte de las partidas destinadas a las diferentes consellerías, sobre todo a la que, con diferencia, gestiona los presupuestos más elevados: Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Y es que Galicia, según argumenta el Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo, contaba con 243 millones de euros del Fondo de Cooperación que el Gobierno no transfirió. El Gobierno gallego, desde el inicio de la legislatura, ha ido tomando las decisiones de reducir las consellerías y altos cargos o la supresión de coches de alta gama, la reducción de ayudas a municipios o a la promoción del gallego, pasando por el aplazamiento de infraestructuras, la ampliación del horario del profesorado o la paralización de dos edificios de la Cidade da Cultura. En todo caso, la Xunta ha obtenido el grueso de los recortes mediante la reducción de las inversiones, aplazando obras sin adjudicar y recurriendo a la aportación privada para compensar la escasez de fondos públicos.
CATALUÑA
El Ejecutivo liderado por Artur Mas (CiU) ha conseguido más titulares que su homóloga madrileña y es que Mas empezó los recortes -que también afectan a la cartera de infraestructuras, en un 42%- por un capítulo sensible que el resto de dirigentes dicen no querer tocar: la sanidad. Al cierre de centros de salud durante el verano se sumó hace poco la intención de su Gobierno de rebajar a la mitad la paga extra de los médicos. Cataluña necesita reducir un 10% los presupuestos de este año y es también un 10% lo que cae el capítulo de sanidad. Supuestamente, el Gobierno catalán intenta sacar 45 millones de euros de las nóminas de estos trabajadores. Hace unos días la Generalitat echaba más leña al fuego al anunciar congelaría durante dos meses los pagos a residencias y geriátricos. Después se corrigió, aunque no del todo, ya que tendrán que conformarse con el 50% de lo que les tocaría en septiembre. El resto, se abonará antes de fin de año. Las partidas para educación tampoco se libran, ya que las universidades recibirán 400 millones menos, según los rectores. Y no se descarta, aseguró Mas, que se recurra a la privatización de empresas públicas.
MADRID
La decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) de no contratar a mil interinos -hasta tres mil si las cuentas las hacen los sindicatos- provocó que los profesores salieran a la calle. El objetivo de la medida -la misma que en Galicia, incrementar las horas lectivas por semana- es ahorrar 80 millones de euros. Además, los usuarios del sistema de salud madrileño reciben ahora una factura -simbólica, al menos de momento- que les recuerdan cuánto cuestan los servicios médicos. Antes, Aguirre ya había tocado los altos cargos, los coches oficiales, los sueldos y el personal de confianza, además de suprimir 89 organismos consultivos.
NAVARRA
Navarra, una comunidad foral que gestiona directamente los impuestos, no se libra de los recortes. Su presidenta, Yolanda Barcina (Unión del Pueblo Navarro), admite que antes de fin de año Navarra necesita un ajuste de 294,3 millones de euros, aunque empezará por 190. Las empresas farmacéuticas y los ayuntamientos serán quienes más noten el plan de contención. Porque el Gobierno prevé ahorrar en fármacos 18 millones de euros y prescindirá de otorgar 12 millones de euros en ayudas a los segundos. Tampoco la Universidad de Navarra se salva. Como además Barcina pretende recortar las derivaciones de pacientes a centros concertados, el Gobierno se vio obligado a suspender temporalmente la Ley de Garantías de Tiempo de Espera, vigente de 2008. Las partidas de turismo y cultura salen también mal paradas. De hecho, hasta el año que viene no entrará ni un libro más en las bibliotecas de la comunidad.
CASTILLA-LA MANCHA
La autonomía presidida por María Dolores de Cospedal (PP) ha pasado a liderar, al menos en porcentaje, los recortes, ya que para el próximo año, según avanzó, los presupuestos se reducirán un 20 %, hasta ahora el porcentaje más alto de todos los anunciados. El objetivo es ahorrar 1.815 millones de euros entre este año y el que viene y para ello se han anunciado una serie de medidas que van desde suprimir 500 liberados sindicales a reducir un 20% el presupuesto de la televisión autonómica. Los docentes tendrán que hacer dos horas lectivas más a la semana y se venderán los inmuebles que sean necesarios y las participaciones en empresas para lograr casi 100 millones de euros.
NAVARRA
Navarra, una comunidad foral que gestiona directamente los impuestos, no se libra de los recortes. Su presidenta, Yolanda Barcina (Unión del Pueblo Navarro), admite que antes de fin de año Navarra necesita un ajuste de 294,3 millones de euros, aunque empezará por 190. Las empresas farmacéuticas y los ayuntamientos serán quienes más noten el plan de contención. Porque el Gobierno prevé ahorrar en fármacos 18 millones de euros y prescindirá de otorgar 12 millones de euros en ayudas a los segundos. Tampoco la Universidad de Navarra se salva. Como además Barcina pretende recortar las derivaciones de pacientes a centros concertados, el Gobierno se vio obligado a suspender temporalmente la Ley de Garantías de Tiempo de Espera, vigente de 2008. Las partidas de turismo y cultura salen también mal paradas. De hecho, hasta el año que viene no entrará ni un libro más en las bibliotecas de la comunidad.
EXTREMADURA
El Gobierno presidido por José Antonio Monago (PP) en Extremadura cree que podrá ahorrar 67 millones de euros el año que viene. La consigna será la austeridad y una reducción del gasto en partidas como las telefónicas o las destinadas a publicidad y propaganda, gastos jurídicos y estudios y protocolo. El Ejecutivo presidido por Monago aseguró que reduciría a la mitad las empresas y organismos públicos así como los altos cargos y los puestos de libre designación. Al igual que Feijóo en Galicia, se propone unificar los centros de procesamiento de datos -informáticos- para ahorrar entre 100 y 200 millones de euros. En el caso de Extremadura, el Parlamento también está en el punto de mira. Allí los diputados deberán pagar por los botellines de agua que consumen en el hemiciclo. Sus señorías tendrán, además, que moverse a partir de ahora en transporte público.
ARAGÓN
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi (PP), empezará por una "auditoría" para tener claro cuál debe ser el punto de partida para la confección de los presupuestos del año que viene. En todo caso, adelantó ya que van a ser "muy, muy austeros" y algunos cifran que el descenso podría situarse en el 10%, a pesar de que es una de las cinco autonomías que a mediados de año hizo los deberes impuestos por el Gobierno sobre el déficit. Eso sí, al igual que otros dirigentes autonómicos populares, afirma que no tocará los gastos en educación, sanidad y servicios sociales. No obstante, la Consejería de Educación -según dicen los sindicatos- no descarta recortes en el curso que viene e incluso se baraja la posibilidad de concertar y privatizar el Bachillerato y el tramo de 0 a 3 años.
ASTURIAS
Durante la sesión de investidura como presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos para reducir los costes sanitarios propuso la creación de una central de compra de medicamentos, una iniciativa en la que también trabaja la Xunta. Además anunció una reforma del sector público para reducirlo a un tamaño "razonable", empezando por las delegaciones de Asturias en Madrid y Bruselas. El presidente asturiano también ha optado por recortar altos cargos y se busca sustituir los coches oficiales por otros de gama más baja una vez finalice el contrato de arrendamiento.
CANARIAS
Canarias es una de las cinco comunidades que cumplió con los límites de déficit público establecido para el gasto de las autonomías durante el primer semestre del año. A cambio, el Gobierno dirigido por Paulino Rivero (Coalición Canaria) se ganó las críticas de los sindicatos al suspender el turno de tarde en los hospitales del sistema público y del rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, quien lamentó que los recortes sufridos por la institución asciendan a 27 millones de euros. Asimismo, se produjo un recorte en el horario de los juzgados para ahorrar en vigilancia. Las cuentas para 2012 se reducirán, avisa, entre un 2 y un 3%.
PAÍS VASCO
En el País Vasco, el PP está pidiendo recortes en la televisión pública, aunque no parece hallar eco en su socio de gobierno. El lehendakari Patxi López, en cambio, no espera problemas de los docentes, aunque sí los ha tenido desde varios colectivos sociales que han denunciado el endurecimiento de los criterios para acceder a la renta de garantía de ingresos, una prestación de 374 euros de media al mes para aquellos que llevaban empadronados un año en Euskadi y no tenían trabajo. Ahora tendrán que demostrar tres años.
CASTILLA Y LEÓN
Juan Vicente Herrera (PP) es partidario de "modular" la inversión en infraestructuras sanitarias para evitar recortes, aunque él prefiere hablar de ajustes. Afirma que estos no afectarán ni a los recursos humanos ni a los sindicatos. El PSOE, en la oposición, denuncia "recortes ocultos" en subvenciones, becas, ayudas a residencias, programas infantiles y políticas de empleo.
