Los empresarios piden al Gobierno que no peque de prudente y emita toda la deuda pública apta para la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que sea posible. El objetivo, según explicó ayer el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña, es impulsar la recuperación del sector de la construcción, ya que la inversión se destina de forma mayoritaria a obra pública y, por ende, propiciar la disminución de la tasa de desempleo en las Islas, situada en el 28% de la población activa.
La solicitud, realizada ayer durante la reunión que mantuvo el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, con la junta directiva de la organización empresarial, supondría elevar la emisión desde los 200 millones de euros anunciados el lunes pasado por el Ejecutivo -a un tipo de interés nominal del 2%-, hasta el máximo de los 400 millones autorizados para la Reserva.
El consejero advirtió, no obstante, que la ampliación de este tipo de oferta de deuda pública estará ligada a la necesidad de liquidez del Gobierno regional y, sobre todo, a la demanda empresarial -el plazo de adquisición vence el 3 de noviembre-. En función de ello, señaló, se podrá tomar una decisión pero "es muy difícil" que se proceda a incrementar la oferta en lo que resta de año.
González Ortiz recordó que la cantidad emitida, desde el punto de vista de Hacienda, responde a las posibilidades reales del empresariado, tras consultarlo con las entidades financieras.
La dotación de la RIC, a la que el empresariado canario puede destinar el 90% de sus beneficios, que escapan al impuesto de sociedades, a cambio de que esas cantidades sean reinvertidas, ha ido cayendo paulatinamente desde el inicio de la crisis desde los 2.302 millones de 2006 a los 612 millones de la pasada anualidad. En 2010 la dotación se colocó por debajo del año de su creación en 1996, cuando recabó 815 millones.
Desde la patronal se apunta que, aunque la falta de beneficios a causa de la crisis no permite vislumbrar, en principio, que haya demanda suficiente para una ampliación de deuda pública, existe una parte del empresariado que no ha podido materializar su dotación en los dos últimos años ante el retraso del Gobierno en emitir títulos para RIC.
La normativa que regula este incentivo fiscal permite a las empresas materializar en deuda pública un máximo del 50% de la dotación realizada a la Reserva de Inversiones, en función de los beneficios.
"Lo que reclamamos es que el Gobierno no se cierre a esa posibilidad. Si no es con 200 millones que sea con 100 o con 50 millones más", señaló el presidente de la CCE. "Si la primera parte se vende, que no dude en sacar la segunda", pidió al consejero de Economía y Hacienda.
Reunión
Por otra parte, González Ortiz anunció en la reunión mantenida con los representantes sectoriales de la CCE que en un plazo de dos o tres semanas citará al Consejo Asesor del Presidente, integrado por las organizaciones empresariales y sindicales, para informarles del avance de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012. En este sentido, les reiteró la intención del Ejecutivo de no incrementar la presión fiscal, aunque tampoco se bajarán impuestos, así como establecer un recorte presupuestario entre un 1 y un 2%.
