El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley, a instancias del PP, para que el Gobierno central aclare, a través de una modificación en la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), que todos los beneficios de las empresas radicadas en Canarias son aptos para dotar la Reserva de Inversiones (RIC). La Cámara regional respalda así a los empresarios canarios que mantienen contenciosos con la Agencia Tributaria por la naturaleza de los beneficios que se pueden destinar a la Reserva, hecho del que se ha venido haciendo eco LA PROVINCIA en la última semana.

La RIC permite a los empresarios no tributar en el Impuesto de Sociedades hasta un 90% de sus ganancias si se compromete a dedicarlas, con posterioridad, a inversiones. Esta herramienta, explicó ayer el diputado popular Jorge Rodríguez, ha permitido que desde 1996 hasta la actualidad, se "comprometieran más de 20.000 millones de euros y se crearan aproximadamente 300.000 empleos". La RIC, aseguró el popular, "no debe considerarse como un privilegio ni como un beneficio empresarial, sino como un compromiso" frente a lo que consideran diversos sectores de la sociedad.

Desde su punto de vista "Canarias", que es al final la beneficiaria de las inversiones empresariales, "está siendo víctima y discriminada injustamente porque", en consonancia con la creencia generalizada, "la Inspección Tributaria también considera la RIC como un privilegio y no como lo que es: un régimen singular con reconocimiento constitucional".

La interpretación "restrictiva" que hace la Agencia Tributaria -entiende que los beneficios extraordinarios (ingresos financieros o por venta de activos patrimoniales) no pueden dotar la RIC sino los estrictamente derivados de la actividad mercantil- mantiene "en pendencia judicial entre 2.000 y 2.500 millones de euros", explicó el diputado Rodríguez durante la exposición de la PNL en la Cámara regional. "Esta situación está generando desgana en el empresariado y poniendo en peligro la supervivencia de la Reserva", señaló.

El nacionalista José Miguel González, se mostró de acuerdo con el planteamiento del PP, si bien, CC y PSOE introdujeron al texto inicial de la proposición una enmienda para hacer la ley "más clara". Con todo, González recriminó al PP que la PNL, como se ha hecho siempre con todos los asuntos referentes al REF, no se consensuara previamente.