La Caja Rural de Canarias firmó esta semana en Almería su integración en el grupo que lidera Cajamar a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP) apoyado por el consejo rector y la asamblea. Pero la situación interna de la entidad isleña sigue enrarecida y ha provocado que cuatro de los seis consejeros que votaron en contra de la integración ya estén fuera del consejo rector, mientras que los dos que quedan también pueden salir del mismo en próximas fechas. A este escenario hay que añadir la impugnación que se presentará contra la asamblea del pasado 22 de diciembre.

Hace unos días renunció a su puesto de consejero Juan Manuel Capote. Anteriormente, Francisco Rodríguez (presidente de Asprocan) y Pedro del Río fueron revocados de sus puestos, mientras que Montserrat Godoy, representante de los trabajadores, también fue expulsada por sus propios compañeros por votar a favor de la fusión con Cajasiete. De los contrarios a la integración con la entidad andaluza siguen en el consejo Melchor Bravo de Laguna y Emilio Peret.

El puesto de Pedro del Río en el consejo rector fue revocado en la asamblea de diciembre. Del Río tiene 40 días para impugnar los acuerdos de la reunión y ya ha advertido que llevará el asunto a los juzgados, lo que abre cierta incertidumbre en relación con los acuerdos ya pactados con Cajamar.

Integración

Con un consejo rector reducido, la directiva de la Caja Rural ha seguido adelante con los trámites y el pasado lunes tuvo lugar el acto de firma de la integración. Sin embargo, en medio de este proceso surgió la noticia de la fusión de Cajamar con el grupo Ruralcaja de Valencia, lo que introduce ciertos cambios en la entidad andaluza que los críticos consideran que modifica lo votado por la asamblea de la Caja Rural de Canarias. Sin embargo, fuentes consultadas de Cajamar indicaron ayer a este periódico que la fusión pactada con Ruralcaja ya se estaba negociando cuando se celebró la asamblea y que los cambios ya han sido previstos en el acuerdo del SIP.

A partir de esta firma se cierra el proceso jurídico para la adhesión de las dos entidades y comienza ahora la integración operativa y la plataforma tecnológica que compartirán en los próximos meses. Asimismo, Cajamar considera que los problemas internos de la Caja Rural de Canarias no tienen que afectar al proceso.

Sin embargo, los defensores de la fusión con la tinerfeña Cajasiete no cejarán en su empeño de crear una gran entidad canaria y por eso seguirán tomando medidas para intentar frenar el proceso.