Una revolución para reducir el mapa bancario

VICENTE GUERRA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Definitivamente no habrá banco público malo. El Gobierno de Mariano Rajoy se resistió hasta el último minuto a hacerse cargo de los 175.000 millones de euros en activos deteriorados que lastran la solvencia y credibilidad de la banca española y la tienen maniatada ante la demanda de crédito de empresas y familias. La patronal AEB y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, llegaron a cortejar esa idea. No fueron los únicos. Incluso en medios económicos del PP no se llegó a desecharla nunca, pero Emilio Botín, patrón del Santander, la descartó de plano, la última vez el pasado miércoles. Tampoco gustaba al presidente del BBVA, Francisco González.

La regulación financiera aprobada el viernes por el Consejo de Ministros emplaza a los bancos a reforzar el saneamiento tirando de sus propios fondos o del FROB, que necesitará de otros 15.000 millones para auxiliar con créditos públicos al sector, por supuesto a precios de mercado (7,5%). Es decir: el proceso no debe costarle un duro al contribuyente, un compromiso adquirido por el PP en campaña electoral.

Sin embargo, las nuevas necesidades de capital obligan a un esfuerzo considerable que no podrá ser cubierto por todas las entidades del atomizado mapa financiero español, ni siquiera acudiendo al Fondo de Reestructuración. Lo sabe el ministro Luis de Guindos, y de ahí concluye que el decreto-ley y su posterior desarrollo normativo acabarán forzando fusiones y absorciones.

Pero se corre el riesgo de que el Banco de España deba salir al rescate de alguna entidad que quede al margen de este proceso acelerado (un año para las coberturas, cuatro meses para definir fusiones). Así ocurrió con la CAM o varias pequeñas cajas catalanas, también con Novacaixagalicia, lo que le ha costado al contribuyente alrededor de 8.000 millones de euros. Una cantidad insignificante, es verdad, si se la compara con el esfuerzo de otras economías avanzadas que salieron al rescate de sus bancos en quiebra.

La banca española precisa de 50.000 millones de euros antes del 31 de diciembre para fortalecer los coeficientes de provisiones de sus riesgos en suelo (que pasan del 31 al 80%), promociones inacabadas (del 27 al 65%) y vivienda (del 25 al 35%). Casi la mitad (23.400 millones) de esas nuevas necesidades de capital corresponden a los cinco principales grupos del país (Bankia, CaixaBank, BBVA, Popular y Santander por este órden). Todos han anunciado ya que no recurrirán al FROB. También lo han hecho Banca Cívica y Banesto.

Este saneamiento reforzado, creen Rajoy y De Guindos, animará otra oleada de fusiones y absorciones entre los 15 grupos a los que ha quedado reducido el fragmentado sector de las cajas, encabezado ahora mismo por CaixaBank y Bankia, seguidas de un pelotón de entidades con activos en torno a los 75.000 millones. Estos dos grandes 'bancos de cajas' están llamados a nuevas incorporaciones y es justo por este frente por donde se prevén los primeros anuncios de fusiones de aquí a cuatro meses. Independientemente de que algunos grandes bancos tantean ya la absorción del negocio de pequeñas cajas. Pero no debe acabar aquí el proceso.

El Gobierno no quiere más de una docena de grandes y medianos bancos en el nuevo mapa financiero español, de tal manera que, dependiendo de los resultados de la reforma (tanto sobre la solvencia de las entidades como sobre sus efectos en la economía), es probable que Rajoy dé impulso a medio plazo a otro reordenamiento por absorción, siempre en torno a las grandes marcas bancarias del país, es decir, aquellos grupos que superan los 150.000 millones de euros en activos (Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank y Popular).

El antecedente

La segunda reordenación decretada el viernes no habría sido posible, en todo caso, sin la impulsada hace dos años por Zapatero y la ministra Elena Salgado. La crisis -tiempo de oportunidad para las reformas, dicen los japoneses- ha provocado una revolución bancaria en nuestro país, la más importante en 40 años, que sigue aún en curso y cuya foto final no será posible ver antes de cinco años.

La reforma de Rajoy y De Guindos es heredera de aquella recapitalización que permitió reducir en tiempo récord las 45 cajas existentes en ese momento (66 con anterioridad a la crisis) a 15 'bancos de cajas'. También promovió fusiones en la banca tradicional (Popular y Pastor, la última) y estimuló las fusiones y agrupamientos en los SIP (Sistema Institucional de Protección) de las cooperativas de crédito, un proceso inacabado que choca con el interesado inmovilismo de sus cúpulas directivas.

Los planes de Zapatero y Salgado iban destinados sobre todo a las cajas, un sector financiero que en casi todas las economías avanzadas tiene superado, a estas alturas de la película, sus propias reconversiones, en algunos casos muy duras. España fue una excepción por conveniencias simplemente políticas y sólo la crisis forzó la revisión de un modelo de gestión bancaria que en algunas autonomías (Valencia o Castilla La Mancha, por poner sólo dos ejemplos) quedó sometido a las extravagancias y desvaríos de los partidos políticos gobernantes.

Las cajas españolas llegaron a tener en el arranque de la crisis 45.000 oficinas y más de 130.000 empleados. Pese a su experiencia en banca regional y local, no han podido alcanzar nunca los volúmenes de negocio por oficina de la banca. En consecuencia, sus rentabilidades son menores y la proximidad que les permitía su red de oficinas acabaron también exponiéndolas en mayor medida al ladrillo. De hecho, las nuevas necesidades de recapitalización de Bankia y CaixaBank son las más importantes: 7.646 y 5.371 millones respectivamente.

Poco antes de que se abordara la reforma de Zapatero, las cajas concentraban casi el 60% de los activos inmobiliarios depreciados (100.000 millones de euros), el 11% de una cartera de créditos que alcanzaba los 217.000 millones. Aunque tenían provisionados el 77% de ese riesgo, la situación era explosiva en el escenario en el que estamos: un agravamiento de la crisis con los índices de morosidad disparados y la adjudicación de más ladrillo.

Ahora se enfrentan a una nueva reestructuración de capital y, sobre todo, al imperativo de una mejor gobernanza económica que permita a medio plazo contar con un sistema financiero saneado que de apoyo a las familias y empresas. Que tire, en definitiva, de la recuperación y el crecimiento.