La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno autónomo se plantea despedir a 25 de los 151 trabajadores fijos de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). La medida ha sido ya notificada a los representantes sindicales y se enmarca dentro del programa de ajustes económicos que realiza el equipo del consejero Javier González Ortiz para reducir el gasto de las empresas, sociedades y entes públicos adscritos a la Comunidad Autónoma de Canarias.
En total, Hacienda pretende ahorrar en gastos fijos de estas empresas 21,9 millones de euros, reducir la deuda que arrastran en 44,1 millones y enajenar activos materiales y financieros por un importe cercano a los 50 millones. Todo para cumplir con el plan de contención del gasto público diseñado hasta 2014. El documento expuesto el pasado martes al comité de empresa de Gesplan no solo prevé el despido de 25 trabajadores, sino que además propone reducir la jornada laboral, y por tanto el sueldo, entre un 20 y un 30 % de otros 46 empleados.
El plan de viabilidad diseñado por los responsables de esta sociedad para el planeamiento territorial y medioambiental del Archipiélago incluye otras cinco suspensiones temporales de empleo y la reducción en un 10 % de los sueldos de toda la plantilla. A los 151 trabajadores fijos de Gesplan hay que sumar otros 292 que realizan su labor de forma eventual. La consigna transmitida desde el Ejecutivo autónomo es la de deshacerse de este tipo de empleados una vez venzan sus contratos. La orden de evitar nuevas contrataciones es para todas las sociedades mercantiles públicas.
Negociación
La dirección de la empresa ha dejado claro que sin estas medidas el futuro de Gesplan pasa por su desaparición y ha instado a los sindicatos a presentar contrapropuestas a este documento dentro siempre de un margen muy estrecho de negociación. El plan de viabilidad de Gesplan, al igual que el del resto de empresas públicas, tiene que estar presentado y cerrado antes del 31 de marzo en la Consejería de Economía.
A los comités de empresa de todas las sociedades mercantiles públicas se les han planteado ya las nuevas directrices para la negociación colectiva basadas en la necesidad de aumentar la productividad de los trabajadores. La jornada laboral será de 37,5 horas semanales; el complemento por baja se dará en enfermedades graves de larga duración, accidentes de trabajo o enfermedad profesional; se suprimen las aportaciones a planes de pensiones y seguros médicos y queda fijada la edad de jubilación forzosa a los 65 años o a la edad mínima para la pensión de jubilación.
El equipo de González Ortiz limita a 30 días naturales el máximo de vacaciones en estas sociedades, las libranzas por asuntos propios pasan de siete a tres y establece la cuantía de los trienios en un importe fijo igual al del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias.
