El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, señaló hoy en el Parlamento que la "no renovación del acuerdo pesquero con Marruecos implicaría para las Islas la pérdida de 29,9 millones de euros de ingresos brutos anuales", de los cuales se estima que 11,23 millones corresponden a armadores y 18,72 millones a organizaciones productoras y agentes comercializadores-.
En respuesta a las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios Popular y Mixto, el titular del Departamento explicó que desde la suspensión del convenio, se han mantenido diferentes reuniones con cofradías, federaciones y organizaciones de productores "con el fin de evaluar sus repercusiones sobre el sector pesquero canario", así como con representantes del Gobierno central y de la Unión Europea para trasladarles las demandas de los pescadores afectados, que pasan por "exigir compensaciones económicas para paliar los efectos de la paralización de la flota del Archipiélago" e instar Bruselas "a que se retomen las negociaciones para el establecimiento de un nuevo acuerdo pesquero con el país africano en la mayor brevedad posible".
"La suspensión del tratado afecta negativamente al sector pesquero profesional de Canarias así como a las actividades económicas que se desarrollan en torno a la comercialización de las capturas que se obtienen en dicho caladero, al suponer las mismas el 53,66 por ciento de las capturas totales comercializadas, 5,5 millones de kilos, a través de los puntos de primera venta de Canarias", comentó Hernández.
Durante su intervención, indicó que dicha suspensión "supone el amarre de 26 buques pesqueros y la pérdida de 250 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos".
Asimismo el cese de dicho acuerdo antes de la fecha inicialmente prevista para la conclusión del mismo, implica unas pérdidas fijas para los armadores de unos 18.451,47 euros en concepto de pagos de cánones y derechos de licencias realizados hasta el 27 de febrero de 2012, y de 2.339.625,97 euros en concepto de ingresos brutos estimados en los dos meses y medio sin poder faenar en dicho caladero, y para las organizaciones productoras y agentes comercializadores de unos 3.765.053,58 euros en concepto de ingresos brutos.
Hernández recordó que el pasado 25 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado dos Ordenes Ministeriales por las que se convocan las ayudas por paralización temporal tanto para los tripulantes como para los armadores o propietarios de buques afectados por la conclusión del convenio, para un periodo inicial de seis meses, con carácter retroactivo desde el 15 de diciembre de 2011, con posibilidad de poderse prorrogar otros seis meses si no se renueva el Acuerdo pesquero antes del 30 de Junio de 2012.
Las cuantías de dichas ayudas son de 1.350 euros al mes para tripulantes a razón de 45 euros por día, además de una cantidad en función del tonelaje de cada buque para los armadores y propietarios, garantizándose un mínimo de 3.000 euros mensuales, a razón de 100 euros diarios.
"Del análisis de los buques canarios afectados, la orquilla de estas ayudas oscila entre 4.325 euros al mes para el buque de menor tonelaje y 21.384 euros mensuales para el de mayor", concluyó el consejero.
El último acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos entró en vigor el 28 de febrero de 2007, teniendo el Protocolo una vigencia de 4 años y siendo por tanto su fecha de finalización el 27 de febrero de 2011. La contrapartida financiera se fijó en 36,1 millones de euros anuales.
El acuerdo contemplaba 119 licencias para buques de países de la UE, de las cuales 100 correspondían a buques españoles. De esas 100 licencias españolas, a Canarias le correspondieron un total de 37 licencias, de las cuales 11 son para pesca artesanal en el sur (líneas de mano, cañas y nasas), 23 para pesca artesanal de atún (atuneros cañeros), y 3 para pesca demersal (palangres de fondo, redes de arrastre de fondo y redes de enmalle fijas de multifilamento de profundidad).
En el año 2011, las partes rubricaron una prórroga del Protocolo con una vigencia de un año, periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2011 hasta el 27 de febrero de 2012, pendiente este último de ratificación por parte del Parlamento Europeo.
El 14 de diciembre de 2011, mediante Resolución del Parlamento Europeo, se votó en contra de la prórroga del Acuerdo de pesca al presentar el Protocolo, entre otras, una relación coste-beneficio claramente insatisfactorio como consecuencia del bajo índice de aprovechamiento de las posibilidades de pesca negociadas, la sobrepesca y los problemas ecológicos y sociales no abordados.
En la misma fecha, la Eurocámara aprobó una Resolución en la que pedía a la Comisión Europea que presentase cuanto antes un mandato negociador para un futuro Acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos, que fuera sostenible económicamente, ecológicamente y socialmente, debiéndose ajustar las oportunidades de pesca en función de estudios científicos y respetando el derecho internacional y los beneficios a todos los grupos de población locales afectados.
Desde esta fecha, el Reino de Marruecos ordenó la retirada, con carácter inmediato, de la flota pesquera perteneciente a la UE de las aguas de su caladero.
