El Gobierno estudia aprobar este año un plan contra el absentismo de los funcionarios, que incluiría que éstos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal, tal y como fija el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Según el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, esta es una de las medidas que se aprobarán este año para ahorrar gastos de la Administración Central.

De acuerdo con el programa, la medida tendrá un "impacto presupuestario muy positivo, aunque a priori resulta difícil de cuantificar exactamente".

El plan contra el absentismo de los empleados públicos "aumentará la productividad de los funcionarios y disminuirá las necesidades de contratación", según el Gobierno.

Además, prevé que los gastos de MUFACE, el organismo público dependiente de Hacienda que gestiona la protección social de los funcionarios, se reduzcan al reformarse los requisitos para cobrar el subsidio por enfermedad que paga esta entidad a partir del cuarto mes de baja.

El texto añade que se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por incapacidad temporal a los departamentos de personal en el régimen especial de funcionarios.

Asimismo, se eliminarán las licencias por enfermedad para los funcionarios que hayan recibido el alta o que no hayan acudido al reconocimiento médico sin una causa justificada.

El Inem hará personarse a parados con día y hora para controlar el fraude en el cobro de prestaciones

El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), antiguo Inem, obligará a desempleados a presentarse en sus oficinas "en los días y horas" que se determinen para controlar posibles casos de fraude en el cobro de las prestaciones, especialmente en aquellos casos en los que el beneficiario recibe el cobro pero reside en el extranjero, supuesto en el que se contempla la extinción de la prestación.

Esta medida se incluye en el plan integral contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros del pasado viernes, 27 de abril, y aparece detallada en el Programa Nacional de Reformas remitido este lunes a Bruselas.

Este cerco a los perceptores que se marchan al extranjero y siguen cobrando la prestación se complementa con una "innovadora modalidad de control del fraude" que consiste en revisar los registros de salidas y entradas de pasaporte.

El documento elaborado por el Ejecutivo habla de esta medida como "controles intensivos" y asegura que su objetivo es "apreciar situaciones irregulares que se detectan cuando el beneficiario no comparece ante la entidad gestora".

Además, el plan incluye sesiones informativas para formar a los desempleados en materia de derechos y obligaciones. En este sentido, el Gobierno prevé potenciar la acción de promotores y orientadores para que los perceptores de prestaciones por desempleo sean "conscientes" de que su percepción "no es un derecho derivado de las cotizaciones realizadas, sino que exige una serie de obligaciones consecuentes con su disponibilidad para trabajar".

En la misma línea, el documento señala que se "utilizará" a las agencias privadas de colocación para realizar "actuaciones de activación" de los perceptores de prestaciones de paro, "obligando a las mismas a comunicar al Servicio Público con el que colaboren los incumplimientos que hayan detectado".