La reforma laboral puede impedir el acceso a la sanidad pública a, aproximadamente, 40.000 inmigrantes irregulares en Canarias. Así lo indicó ayer el portavoz de inmigración de Intersindical Canaria, René Beotegui, quien precisó que "el 10 % de la población canaria es inmigrante, es decir, alrededor de 200.000 personas, de las cuales 40.000 se encuentran en situación irregular, aunque es una cifra aproximada debido a la dificultad de su situación".
Beotegui calificó de "racistas y xenófobas" las medidas tomadas por el Gobierno central "al negar el derecho a la asistencia sanitaria a aquellos inmigrantes en situación irregular". Una postura compartida por Mercy Yáñez, portavoz de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España (Ferine), quien afirmó que "las medidas del Gobierno son una cortina de humo para alimentar el racismo y la xenofobia, así como la creencia de que los inmigrantes venimos a España a quitar empleo, educación y sanidad". El portavoz de Cobas Canarias, Rafael Segura, señaló que "es falso que el gasto que hacen los inmigrantes al sistema sanitario dé como resultado un balance negativo, cuando ellos aportan más de lo que reciben".
Para recaudar fondos, los portavoces propusieron "que se realicen reducciones en los controles del Frontex, el cierre de centros de inmigrantes, porque ya no se utilizan, y la anulación de expulsiones de inmigrantes irregulares". Asimismo, animaron "a todos los canarios" a participar en las movilizaciones que hoy se celebran con motivo del Día del Trabajador.
