El pleito que mantiene enfrentada a la Federación de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) con el ministerio de Economía y Hacienda por las subvenciones al tomate quedó ayer visto para sentencia con la presentación de un informe pericial. El dictamen, que fue elaborado por un alto funcionario vinculado a Fomento, cuestiona la legalidad de las ayudas millonarias cobradas por la Fedex para transportar tomate a la Unión Europea en 2002.
"El precio reclamado por la Fedex está muy por encima del mercado porque es el doble del fijado por la consultora Edei", sostuvo el perito en la vista celebrada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La prueba pericial es importante porque el Estado, a través del ministerio de Economía y Hacienda, ha exigido a la Fedex que devuelva casi 13 millones de euros. El conflicto estalló hace unos cinco años, cuando el ministerio abrió un expediente de reintegro de cantidad y reclamó a la Fedex 8,3 millones de euros, los cuales fueron concedidos en ayudas directas al transporte del tomate. El resto del dinero exigido se corresponde con los intereses generados desde entonces por la supuesta deuda.
Los abogados de la Fedex han recurrido la resolución de Economía y Hacienda ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, pero la prueba practicada ayer no parece favorable a sus intereses. El perito, un ingeniero especializado en transporte de mercancías marítimos, respondió al interrogatorio de las partes que en su informe "ha intentado ser lo más benévolo posible para el transportista".
El experto añadió que su estudio parte de los precios establecidos por la consultora Edei para el transporte del tomate a la Unión Europea. Esta tarifa es de 6,68 centímetros por kilo, frente a los 15,56 céntimos que reclamaba la Fedex al Estado.
El perito añadió que los precios de referencia usados para elaborar su estudio son los más altos del mercado, pues se descartaron las tarifas de otra consultora que manejaba precios más bajos, precisamente para tratar de lograr un resultado lo más ajustado posible a la realidad sin perjudicar en exceso a los exportadores.
Además, el experto destacó que, en ese tipo de actividad, el transportista tiene una condición ventajosa en el mercado, por lo que está en condiciones de ofrecer unos precios todavía más bajos y competitivos. Luego agregó que la polémica subvención abarcó todo el coste del transporte, cuando los conceptos subvencionables son principalmente los fletes y las tarifas portuarias.
Reparos
En cualquier caso, el abogado de la Fedex, José Miguel López García, cuestionó durante el interrogatorio el informe pericial. El letrado reconoció la especialización del perito, pero resaltó que carece de experiencia en el transporte de tomates.
También dijo el abogado que en el análisis de mercado realizado no se había tenido en cuenta el transporte en seco de la mercancía, ni la necesidad de utilizar buques frigoríficos para llevar los tomates, pepinos y aguacates hasta la Península.
El abogado censuró incluso que no se contemplaran en el informe los precios de las navieras que normalmente trabajan con la Fedex, y destacó que se usaron datos de otra consultora para evaluar conceptos que Edei no contemplaba.
La federación, en una sesión anterior a la vista celebrada ayer, presentó otro informe, en este caso favorable a sus intereses, sobre el coste del servicio y los precios objeto de subvención. Ese trabajo está elaborado por un catedrático de Economía, pero en esta ocasión fue el abogado del Estado quien cuestionó el estudio con sus preguntas al funcionario de Fomento.
El experto aseguró que ese informe es erróneo, porque parte de los precios fijados en 1996 y lo que hace es aplicarle un sobrecoste por la subida del combustible en esos siete años. La subvención se pagó en 2003 y afecta al ejercicio de 2002.
Así las cosas, practicadas las pruebas solicitadas, el pleito judicial sólo está pendiente de que las partes presenten sus conclusiones finales y la Sala de lo Contencioso dicte sentencia, según concluyó el magistrado Javier Varona para dar por finalizada la vista celebrada ayer.
