El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, rehusó ayer entrar a valorar el encausamiento de los miembros del consejo de administración de La Caja de Canarias, al manifestar que "en esta y en todas las cuestiones similares el Gobierno mantiene la postura de respetar el trabajo e independencia de la Justicia", y no iniciar otra clase de juicios paralelos. Marrero sí indicó en cambio que "la prioridad del Estado debe ser la de garantizar la seguridad financiera de los clientes de La Caja, que ahora está en Bankia, que es nuestra mayor preocupación".

En cuanto a los principales partidos políticos en las Islas, silencio total. La excepción la constituye Nardy Barrios, presidenta de Compromiso, que anunció que su formación instará al órgano de gobierno de La Caja de Canarias a reconsiderar su postura de no exigir responsabilidades a Bankia y pelear por "la recuperación de su patrimonio", perdido tras la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

"No podemos entender que haya un consejo de administración que no esté dispuesto a recuperar todo el dinero que se ha perdido, que a Canarias le duele", afirmó Barrios.