El Banco de España decidió no tomar medidas inmediatas sobre la escasa fidelidad con que La Caja de Canarias reflejaba en sus cuentas los reajustes de activos que realizó el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) durante el segundo semestre del pasado año. A pesar de las advertencias de la Comisión de Control de la entidad isleña, el órgano regulador, en favor del que se había inhibido la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, trasladó al momento de la auditoría la discusión sobre el contenido.
Así lo comunicó el equipo del ya exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al presidente, director general y presidente de la Comisión de Control de La Caja en una reunión celebrada en Madrid.
Desde septiembre de 2011, la Comisión de Control de La Caja había alertado de la ausencia de rigor con que se reflejaba la pérdida de valor de los activos del BFA, del que la entidad formaba parte junto a otras seis cajas. Por esa razón, el presidente del consejo de administración de la entidad, Juan Manuel Suárez del Toro, recibió el 19 de septiembre del pasado año la solicitud del órgano fiscalizador para la convocatoria de una asamblea general extraordinaria monográfica que tenía por objeto el "análisis actualizado sobre supuestas irregularidades y deterioro patrimonial de la entidad".
La Ley de Cajas de Ahorros de Canarias (Ley 2/2011 de 10 de mayo) da un plazo de un mes -artículo 34.6- para convocar la asamblea. El consejo de administración hizo caso omiso, por lo que el 9 de noviembre la Comisión de Control se dirigió a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario. Cuando el consejo de administración incumple los plazos, es la Administración regional la que debe convocar esa reunión "en caso de cumplirse los requisitos para ello", según reza el mismo artículo de la Ley de Cajas de Ahorros de Canarias.
El director general del Tesoro y Política Financiera del Ejecutivo autónomo, Javier Armas, señaló ayer que su departamento se puso entonces en contacto con el consejo de administración de La Caja, donde les informaron de que el Banco de España ya les había convocado a una reunión, por lo que decidieron inhibirse en favor del regulador.
"Se trataba de un asunto de cuentas y el Banco de España es la autoridad competente", explicó Armas en torno a la decisión adoptada. El director general del Tesoro también estuvo informado de la decisión del regulador de posponer a la auditoría de las cuentas la discusión de posibles irregularidades.
El consejo de administración de La Caja aprobó el pasado marzo unas cuentas de 2011 -nunca llegaron a ser presentadas a la asamblea general para su definitivo refrendo- que engordaban en 115 millones de euros los fondos propios. Esos números sobrevaloraban la participación de la entidad en el BFA. Hoy se sabe que el agujero que presenta la matriz de Bankia es de más de 13.000 millones de euros, por lo que ha desaparecido el patrimonio de la entidad isleña.
