La Comisión Europea (CE) propuso hoy extender las sanciones penales que ya aplican algunos países de la UE para combatir el fraude relacionado con los fondos procedentes del presupuesto comunitario y evitar que estas acciones queden impunes, como ocurre en algunos Estados miembros.
"El fraude no se va a tolerar, independientemente de donde se produzca", recalcó en rueda de prensa el comisario europeo de Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, tras recordar que las sanciones por estos hechos varían entre países de la UE desde simples multas a penas de hasta 12 años de cárcel.
Bruselas recuerda que el 90 % del presupuesto comunitario se gestiona a escala nacional y que son muchos los casos en los que se han detectado solicitantes de fondos europeos que aportaban información falsa, por ejemplo en el sector agrícola, o aquellos en los que funcionarios nacionales aceptaron sobornos a cambio de facilitar la adjudicación de contratos públicos.
Para combatir esta realidad, el Ejecutivo de la UE sugiere en primer lugar una tipificación común del fraude en los Veintisiete para evitar las distintas interpretaciones legales.
En concreto, la nueva normativa ofrece una definición común para acciones como el fraude, la corrupción, la apropiación indebida de fondos, el blanqueo de capitales y la obstrucción a la justicia.
La Comisión propone, además, establecer un régimen de sanciones mínimas, a partir de seis meses de cárcel para los fraudes más graves, así como periodos mínimos de investigación de los casos.
Defiende, asimismo, armonizar las sanciones que aplican los Estados miembros a los casos de fraude para evitar que los infractores aprovechen la legislación de determinados países comunitarios.
La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, destacó en rueda de prensa que, especialmente en tiempo de crisis, se necesita "tolerancia cero" frente al fraude.
"Es crucial establecer medidas penales al más alto nivel para proteger a nuestros contribuyentes", añadió.
