El serruchazo a los ayuntamientos enfrenta a los alcaldes canarios, divididos en su apoyo al Estado según su color político, aunque algunos mandatarios del PP confesaron ayer que tampoco comparten la filosofía de la reforma en el ámbito local. En general, los regidores acusaron al Gobierno central de adoptar las decisiones sin consenso y con el objetivo de "demonizar" a los consistorios.

Coinciden en que es necesario reestructurar la administración pública, dada la actual situación económica, pero estiman que "hay que empezar de arriba hacia abajo y no al revés", según varios dirigentes, que exigieron un mayor esfuerzo al resto de instituciones y, de facto, cuestionaron el papel de algunas como el Senado. Es más, el alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia (PP), llegó a pedir un referéndum para que la ciudadanía valore la capacidad de gestión y "utilidad" de las diferentes administraciones.

De esta forma, reaccionaron a las medidas avanzadas en el Congreso por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, entre las que se recoge la reducción de un 30% el número de concejales y se mejorará el control de las cuentas de las corporaciones municipales.

Los dirigentes sí están "encantados" de que se aclaren las competencias para evitar duplicidades y se homogeneicen y publiquen las retribuciones de alcaldes y concejales, para lo que se fijará un baremo en los Presupuestos Generales del Estado. Creen que ello servirá para cortar de raíz los "agravios y polémicas" sobre sus sueldos.

El alcalde de Puerto del Rosario y vicepresidente cuarto de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Marcial Morales (CC), denunció que el Gobierno central está haciendo "lo fácil, que es cargar contra los ayuntamientos y no tocar determinadas estructuras del Estado que están de sobra". Abogó entonces por aunar Congreso y Senado en una sola Cámara.

Morales reprochó al Estado que no haya dedicado "ni un minuto" a dialogar las medidas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como culpó al equipo de Rajoy de "improvisar semanalmente según la presión de la Unión Europea". En su opinión, Madrid "se ha acostumbrado a demonizar a los ayuntamientos", a pesar de que la deuda de estos es "irrisoria e ínfima" en comparación con la del resto de entidades.

Una de las voces críticas dentro del PP fue Dámaso Arencibia, que solicitó una consulta popular porque "se están cargando las tintas sobre el municipalismo". No está de acuerdo en que "sobran" 421 de los 1.404 concejales que hay en la actualidad en Canarias, ya que le consta que su dedicación es "plena las 24 horas". Además, de destacar su cercanía con los vecinos.

Otros compañeros de partido apoyaron, sin embargo, las recetas del Estado porque "es lo que toca debido a la difícil situación económica", en palabras de la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, que elogió la "valentía" del Estado; mientras el regidor de Mogán, Francisco González, respaldó las medidas y propuso la fusión del Ayuntamiento que dirige y el de San Bartolomé de Tirajana por mor de una administración más eficaz.

No obstante, González reprobó que "se está demonizando" el sueldo de los políticos porque "cualquier funcionario cobra más que un alcalde". Otro popular, el alcalde de Agaete, Antonio Calcines, protestó porque "habría que empezar por reducir el número de cargos en el Senado y luego seguir porque quizás hay muchos diputados en las comunidades autónomas".

Para el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos (NC), el Gobierno está "desorientado y se está cargando en poco tiempo el estado de bienestar". A su juicio, la rebaja de ediles "no es la solución", idea también del alcalde de Teror, Juan de Dios Ramos (PSOE), para quien " los alcaldes y concejales deben cobrar lo que les pertenece". "Si van a suprimir ediles tienen que eliminar proporcionalmente senadores y diputados", se quejó el de Tejeda, Francisco Perera (AET). El representante de Valsequillo, Francisco Atta (Asba-NC), alertó del "ataque" a la autonomía local y "la vulneración de la Constitución Española".